A partir de la reforma constitucional aprobada desde el Senado para dar prisión preventiva a extorsionadores, Quintana Roo dio el visto bueno por unanimidad a la reforma con la que busca garantizar una impartición de justicia más efectiva por parte de las autoridades.
El integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, señaló que este delito continúa siendo una de las principales problemáticas que afecta a la población en la entidad, por lo que es necesario el fortalecimiento de estas medidas a través de reformas constitucionales de la mano del Congreso de la Unión.
“La extorsión en Quintana Roo es un delito que repercute en todos los estratos económicos de nuestra sociedad. Hay estudios en donde se estima que el delito de extorsión le cuesta a México 226 mil millones de pesos al año, es decir el 1.25 por ciento del PIB nacional.
En nuestro estado, la extorsión es mediante la modalidad de pago de cuota o a lo que se le conoce como el derecho de piso, lo que provoca que las víctimas vivan continuamente con temor e inseguridad”, dijo.
Explicó que, durante la pasada legislatura, se aprobaron reformas que incrementaron las penas por el delito de extorsión en el estado. Sin embargo, estas reformas requerían de un respaldo que contemple la prisión preventiva como medida inicial en los casos de extorsión, lo cual hasta ahora podrá ser una realidad en el estado.
“El Sistema Penal Oral Acusatorio consideraba dentro de las medidas cautelares la prisión preventiva como la última opción. Pero nuestra Constitución Política no contemplaba el delito de extorsión como parte de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“Solo en ocasiones excepcionales el estado podía ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal”, comentó.
Al tratarse de una reforma constitucional, se requirió de la aprobación de al menos 17 congresos locales en todo el país. Con su aprobación desde el Congreso de Quintana Roo, se tendrá un plazo de 65 días para adecuar las normativas correspondientes, mientras que el Congreso de la Unión contará con hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas.
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