El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli anunció el inicio de una estrategia conjunta con autoridades federales y estatales para investigar las actividades que se realizan en los llamados “anexos” o clínicas de atención a las adicciones, luego de detectarse indicios de que desde algunos de estos espacios se realizan llamadas de extorsión, además de existir casos de abuso sexual y la presencia de personas con órdenes de aprehensión vigentes.
El alcalde Daniel Serrano Palacios detalló en conferencia de prensa que esta medida forma parte de una campaña integral contra el delito de extorsión, y que los trabajos se realizarán en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de México y el Gobierno Federal. La intención, subrayó, es revisar la legalidad y certificación de los anexos, así como el registro e identificación de las personas internadas.
Sospechas de delitos dentro de anexos en Cuautitlán Izcalli
De acuerdo con las investigaciones preliminares, algunas llamadas de extorsión podrían originarse en clínicas o anexos locales, lo que ha encendido alertas entre las autoridades. “El trabajo de inteligencia que realiza el gobierno estatal, junto con instancias federales, señala que varios de los espacios desde donde salen las llamadas de extorsión también corresponden a los llamados anexos”, explicó el alcalde Serrano Palacios.
El edil también informó que en estos establecimientos se han reportado dos casos de abuso sexual, los cuales fueron expuestos ante la Mesa de Paz Municipal, órgano encargado de coordinar acciones de seguridad entre los tres niveles de gobierno.
Además, existe la presunción de que algunos anexos podrían albergar personas con órdenes de aprehensión vigentes, una situación que escapa a la jurisdicción municipal, ya que la autoridad competente para realizar inspecciones es la Secretaría de Salud.
Revisión y certificación de los centros de atención
Como parte del plan, el gobierno municipal trabaja junto con la Secretaría de Salud del Estado de México para verificar la documentación de certificación de estos centros y comprobar la identidad de las personas internadas.
Serrano Palacios reconoció que, aunque los municipios no tienen facultades para ingresar a los anexos sin autorización, es urgente garantizar que estos espacios cumplan con las normas sanitarias y de seguridad, pues la falta de regulación en algunos casos los convierte en puntos vulnerables para la comisión de delitos.
“Queremos asegurarnos de que quienes están en tratamiento lo hagan bajo condiciones dignas y seguras, y que no existan irregularidades que permitan actividades ilícitas dentro de estos lugares”, señaló el alcalde.
Extorsiones desde centros de rehabilitación: un nuevo desafío de seguridad
El edil comparó la situación con la que ocurre en algunos reclusorios, donde también se han detectado llamadas de extorsión desde el interior, y enfatizó que por ello se aplicará una operatividad conjunta entre los tres niveles de gobierno.
Esta estrategia buscará identificar los puntos de riesgo, implementar mecanismos de vigilancia, y prevenir que los anexos sean utilizados como centros de operación delictiva.
El fenómeno de la extorsión telefónica ha tenido un fuerte impacto social y económico en el Estado de México, por lo que las autoridades esperan que esta coordinación interinstitucional permita reducir la incidencia y proteger a la ciudadanía.
Tendencia a la baja en delitos de alto impacto, salvo el robo a transporte de carga
Durante la misma conferencia, Serrano Palacios presentó resultados en materia de seguridad, destacando una reducción del 14% en delitos de alto impacto en 2025 respecto a 2024, según cifras oficiales.
Sin embargo, reconoció que el robo a transporte de carga continúa siendo uno de los mayores desafíos para el municipio, debido al alto flujo de mercancías y tránsito industrial que caracteriza a Cuautitlán Izcalli.
Nuevos senderos de seguridad en zonas industriales
Para enfrentar este problema, el gobierno municipal anunció la creación de cuatro senderos seguros en parques industriales, equipados con cámaras de videovigilancia, alarmas, botones de pánico y conexión directa al centro de mando C4.
Estas medidas tienen como objetivo reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad y mejorar la infraestructura tecnológica en zonas de alto riesgo.
Los senderos de seguridad se instalarán en los siguientes puntos:
- Zona Industrial Cuamatla: 637 metros de longitud con 6 cámaras.
- Parque Industrial Xhala: 860 metros con 8 cámaras.
- Parque Industrial La Luz: 600 metros con 6 cámaras.
- Parque Industrial San Martín Obispo: 286 metros con 3 cámaras.
Estas áreas fueron seleccionadas tras un análisis de incidencia delictiva y movilidad, con el propósito de proteger a los transportistas, trabajadores y empresarios que operan en los parques industriales del municipio.
Seguridad integral y control institucional
El gobierno de Cuautitlán Izcalli impulsa así una estrategia de seguridad integral, que combina la revisión de anexos sospechosos, la coordinación intergubernamental contra la extorsión y el refuerzo de la vigilancia en zonas industriales.
La administración encabezada por Daniel Serrano busca no solo combatir los delitos actuales, sino también prevenir nuevos focos de operación criminal bajo el disfraz de centros de rehabilitación o negocios informales.
Con estas acciones, el municipio se alinea con los esfuerzos estatales y federales para fortalecer la seguridad pública, proteger a los ciudadanos y garantizar que la ley se cumpla en todos los ámbitos, desde los espacios de salud hasta los corredores industriales.


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