Agricultores de Sinaloa realizaron bloqueos simultáneos en los municipios de Los Mochis, Guasave y Culiacán, como parte del paro nacional agropecuario que busca exigir mejores precios de garantía y apoyos directos al campo mexicano.
Las protestas, encabezadas por Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos, reclaman un precio base de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, cifra que, aseguran, permitiría cubrir costos de producción y mantener la rentabilidad del sector.
Bloqueos en carreteras y casetas de Sinaloa
Desde las 10 de la mañana, los productores iniciaron la toma de casetas y el bloqueo de vialidades principales. En Los Mochis, campesinos ocuparon la caseta de San Miguel Zapotitlán, donde se desplegaron con maquinaria agrícola y camiones para impedir el paso vehicular durante al menos 10 horas.
En Guasave, la caseta de Cuatro Caminos fue igualmente cerrada por integrantes de distintas organizaciones rurales, mientras que en Culiacán, los manifestantes bloquearon la avenida Álvaro Obregón, una de las más transitadas de la capital sinaloense, lo que generó un importante caos vehicular y afectaciones a comercios locales.
Asimismo, en la caseta de El Pisal, también en Culiacán, se unieron productores de Navolato, quienes aseguraron que permanecerán en el lugar al menos cinco horas, para luego movilizarse hacia el Palacio de Gobierno estatal, donde planean continuar la protesta durante el resto del día.
Exigen apoyo directo y precios justos
El productor Magdiel Gastelum, originario de Navolato, afirmó que los agricultores no buscan confrontación, sino ser escuchados por el gobierno federal.
“Queremos que la presidenta Claudia Sheinbaum nos atienda, porque somos el sector que da de comer a la nación. La actividad agrícola se está debilitando por la falta de apoyos y por políticas que benefician más a productos extranjeros que a los nacionales”, señaló.
Los agricultores insisten en que el precio actual de 6 mil pesos por tonelada de maíz no cubre los costos de producción y deja a los campesinos sin margen de ganancia. Por ello, piden que se establezca un precio mínimo de 7 mil 200 pesos, cifra que consideran justa y necesaria para mantener la sustentabilidad del campo.
Según los líderes del movimiento, la protesta forma parte de una movilización nacional coordinada en varios estados del país, cuyo propósito es exigir una reforma integral al sistema agroalimentario mexicano y una mayor atención al sector por parte del gobierno federal.
Demandas del movimiento campesino
En un comunicado distribuido durante las protestas, los manifestantes detallaron cuatro demandas principales que consideran esenciales para rescatar al campo mexicano:
- Excluir los granos básicos del T-MEC, con el fin de proteger a los productores nacionales de la competencia desleal derivada de las importaciones subsidiadas.
- Restituir la banca de desarrollo agrícola, con créditos accesibles y preferenciales para los pequeños y medianos productores.
- Reconocer legalmente a la agricultura nacional como sector estratégico, garantizando políticas públicas que aseguren su sostenibilidad.
- Establecer precios de garantía para granos y oleaginosas, que permitan la rentabilidad de las cosechas y estabilidad en los ingresos rurales.
Los campesinos argumentan que la falta de financiamiento y el incremento de los insumos agrícolas han generado una crisis profunda, especialmente en cultivos como el maíz, el frijol y el trigo, pilares de la economía rural de Sinaloa.
Un llamado al diálogo con el gobierno federal
Los líderes del movimiento afirmaron que permanecerán en las carreteras hasta recibir una respuesta formal del gobierno federal.
Baltazar Valdez Armentía insistió en que la intención no es paralizar al estado, sino “hacer visible la situación crítica del campo mexicano”.
El dirigente de Campesinos Unidos pidió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir una mesa de diálogo que permita alcanzar acuerdos sostenibles entre los productores y las autoridades.
De no obtener respuesta, advirtió, las organizaciones rurales podrían extender los bloqueos a otros puntos del estado y coordinar nuevas acciones en distintas regiones del país.
Las protestas de los agricultores sinaloenses reflejan una creciente preocupación por la viabilidad económica del campo mexicano y la necesidad de revisar las políticas de apoyo al sector primario.
Mientras el gobierno busca mantener la estabilidad comercial bajo el T-MEC, los productores insisten en que es urgente proteger la producción nacional frente a las importaciones y asegurar precios de garantía justos.
Con los bloqueos activos y el diálogo aún pendiente, el conflicto agrícola en Sinaloa se perfila como un símbolo del reto que enfrenta México para equilibrar competitividad, soberanía alimentaria y justicia rural en los próximos años.
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