Ayotzinapa volvió a ocupar el centro de la escena judicial después de que representantes de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acudieran a la audiencia inicial de formulación de imputación de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, en el penal de Almoloya. Las familias fueron notificadas sobre la detención del exfuncionario y acudieron al procedimiento en calidad de asesores jurídicos, de acuerdo con Isidoro Vicario, abogado de los familiares.
La presencia de los representantes de las familias ocurrió después de la detención de Aguirre, quien fue capturado por autoridades federales y trasladado al penal del Altiplano por una investigación relacionada con el presunto ocultamiento de evidencias del caso. La Fiscalía General de la República informó que el exgobernador fue detenido como parte de un nuevo análisis de las actuaciones realizadas alrededor de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Para los padres y madres, la audiencia representó un nuevo momento dentro de una investigación que comenzó tras la desaparición de los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En esta ocasión, la atención de las familias está puesta en la información que puedan aportar las personas detenidas y en las líneas de investigación que todavía permanecen abiertas.
Ayotzinapa y la audiencia de Ángel Aguirre en Almoloya
Isidoro Vicario dio a conocer que representantes de las familias acudieron a la audiencia inicial después de recibir la notificación sobre la detención del exgobernador. El abogado calificó como positiva la captura de Aguirre Rivero dentro del proceso relacionado con la investigación de evidencias del caso Ayotzinapa, particularmente por la acusación relacionada con la destrucción de videos de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con lo señalado por el representante legal, las grabaciones son relevantes porque pudieron haber registrado acontecimientos relacionados con los estudiantes que fueron atacados en Iguala y posteriormente desaparecieron. Vicario señaló que, desde la perspectiva de las familias, la pérdida de ese material significó que información que podría haber ayudado a reconstruir lo ocurrido dejó de estar disponible para la investigación.
La acusación contra Aguirre se relaciona precisamente con el presunto ocultamiento o destrucción de esas evidencias. La detención del exgobernador ocurre después de otras actuaciones judiciales relacionadas con funcionarios de Guerrero y personas vinculadas con la investigación sobre el material videográfico del Palacio de Justicia. En 2025, por ejemplo, fue detenida la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, señalada por la desaparición de videos que podían aportar elementos al caso.
La audiencia en Almoloya colocó nuevamente esos registros y su posible relevancia dentro de la conversación pública sobre Ayotzinapa, mientras las familias mantienen su exigencia de conocer el paradero de los estudiantes y esclarecer lo ocurrido aquella noche.
Los padres de los 43 piden investigar a todos los responsables
La postura expresada por el abogado de las familias no se limita a la investigación contra el exgobernador. Vicario reiteró que una de las exigencias de los padres y madres ha sido que las investigaciones alcancen a todas las autoridades que puedan tener alguna responsabilidad, incluyendo funcionarios municipales, estatales y federales.
La representación de las familias también ha señalado la necesidad de que las detenciones produzcan información útil para conocer qué ocurrió con los estudiantes. En ese sentido, Vicario explicó que los padres mantienen expectativa ante cada nuevo procedimiento judicial para conocer si las personas investigadas pueden aportar datos sobre el paradero de los 43 normalistas.
La exigencia de ampliar las líneas de investigación también incluye a autoridades federales y al Ejército Mexicano. Esta postura ha sido expresada previamente por la defensa de los familiares. En julio de 2026, Vicario cuestionó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionada con el caso y sostuvo que las investigaciones debían considerar también la actuación de instituciones militares.
Así, la presencia de los representantes de los padres en la audiencia de Aguirre no significa que las familias consideren cerrado el caso. Por el contrario, su participación está relacionada con el seguimiento jurídico de las investigaciones y con la exigencia de que las distintas líneas sean revisadas.
Los videos del Palacio de Justicia de Iguala
Uno de los elementos señalados en la investigación es el material registrado por cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. Para los representantes de los padres, esas imágenes podrían haber contenido información sobre el desplazamiento de los estudiantes durante la noche de los hechos.
La relevancia de esos videos ha sido mencionada durante años dentro de las demandas de las familias. En 2019, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó una comparecencia de Ángel Aguirre ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en la que el exgobernador habló sobre lo ocurrido aquella noche y sobre las acciones que, según su propia versión, tomó al enterarse de los acontecimientos.
En mayo de 2025, la detención de Lambertina Galeana también estuvo relacionada con la investigación de videos sobre los hechos. En ese momento se informó que la exmagistrada era señalada por la desaparición de material videográfico que podía ser utilizado como evidencia en la investigación de los 43 estudiantes.
Ahora, la investigación contra Aguirre vuelve a colocar ese material en el centro de la atención. La acusación que enfrenta el exgobernador está relacionada con el presunto ocultamiento de evidencias y, por ello, los familiares esperan que el procedimiento permita conocer qué ocurrió con esos registros y qué información pudieron contener.
La investigación de Ayotzinapa continúa abierta
La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió hace casi 12 años, pero el caso continúa generando investigaciones, procesos judiciales y exigencias de las familias. La detención de Aguirre representa una nueva actuación dentro de ese proceso, mientras las autoridades mantienen investigaciones sobre diferentes personas y hechos relacionados con la desaparición.
La propia defensa de los familiares ha insistido en que el objetivo no debe reducirse a conseguir detenciones, sino obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar el paradero de los estudiantes. Esa postura fue reiterada después de que se conociera la captura del exgobernador.
En paralelo, el caso mantiene abiertas diferentes líneas relacionadas con autoridades estatales y federales. Las familias han señalado de manera reiterada que las investigaciones deben abarcar todas las instituciones y personas que puedan aportar información relevante. Entre los puntos que continúan siendo mencionados se encuentra la actuación de autoridades municipales, estatales, federales y militares.
El procedimiento contra Aguirre se suma así a una investigación que ha tenido distintas etapas durante los últimos años. La detención del exgobernador y su posterior audiencia en Almoloya forman parte de una nueva fase judicial, pero el proceso todavía debe avanzar conforme a las decisiones de las autoridades correspondientes.
Qué esperan ahora las familias de los 43
Después de acudir a la audiencia, la expectativa de los padres y madres continúa concentrada en la posibilidad de obtener información sobre el paradero de sus hijos. La defensa jurídica ha señalado que las investigaciones deben producir resultados y que las personas involucradas pueden aportar datos que ayuden a reconstruir lo ocurrido.
Para las familias, cada actuación judicial representa también una oportunidad para revisar elementos que permanecieron pendientes durante años. La investigación sobre los videos del Palacio de Justicia es uno de esos puntos y vuelve a aparecer ahora a partir de la acusación contra el exgobernador.
La exigencia de los padres, según lo expresado por su representación legal, continúa siendo amplia: investigar a todos los responsables y mantener abiertas las líneas relacionadas con autoridades de distintos niveles. También han insistido en que la investigación debe considerar la posible participación o conocimiento de instituciones federales, incluido el Ejército.
En ese contexto, Ayotzinapa permanece como un caso abierto para las familias, que acudieron a la audiencia de Ángel Aguirre como parte de su seguimiento jurídico y con la expectativa de que el proceso permita obtener información relevante. La detención del exgobernador, la investigación sobre los videos del Palacio de Justicia y la exigencia de revisar todas las líneas forman parte de la etapa actual del caso.
Mientras el proceso judicial continúa, los padres y madres de los 43 normalistas mantienen su demanda central: conocer qué ocurrió con los estudiantes y dónde se encuentran. La audiencia de Almoloya es, por ahora, una nueva actuación dentro de ese largo camino, pero la investigación de Ayotzinapa continúa abierta y bajo seguimiento de las familias.
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