México está por dar un paso importante en el combate al feminicidio. El Gobierno federal presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio con el objetivo de que todas las autoridades del país investiguen este delito bajo los mismos criterios y que las sanciones sean iguales en las 32 entidades federativas. La iniciativa de ley fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ser enviada al Congreso de la Unión donde eventualmente se aprobaría.
La reforma surge después de que el pasado 6 de mayo se modificó la Constitución para otorgar al Congreso la facultad de emitir una ley general en esta materia. Hasta ahora, cada estado regula el feminicidio de manera distinta, lo que provoca diferencias en las investigaciones, en las penas y en la atención a las víctimas. Para las autoridades, esa fragmentación ha favorecido la impunidad y ha dificultado conocer la verdadera dimensión del problema.
¿Por qué es necesaria esta ley?
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que actualmente existen “tipos penales fragmentados”, ya que cada entidad define el feminicidio de manera diferente y establece distintos criterios para acreditar las razones de género, las agravantes y las sanciones.
Además, señaló que las investigaciones suelen enfrentar problemas importantes. En muchos casos, una muerte violenta de una mujer termina siendo clasificada como homicidio o incluso como suicidio, cuando existen elementos para investigarla como feminicidio. También persisten deficiencias en la preservación de evidencias, falta de análisis del contexto de violencia, ausencia de protocolos obligatorios y registros públicos poco uniformes, lo que dificulta diseñar mejores políticas de prevención.
Un solo delito, las mismas penas
Uno de los principales cambios será la homologación del tipo penal. La ley establecerá que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y fijará diez circunstancias que permitirán acreditar ese delito.
Entre esas razones se encuentran la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, la presencia de relaciones de poder desiguales, así como delitos motivados por estereotipos o prejuicios de género.
La propuesta también unifica las penas. En todo el país, quien sea declarado culpable enfrentará una condena de 50 a 70 años de prisión, eliminando las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales. Asimismo, contempla 19 agravantes que permitirán aumentar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, entre otros casos. También se consideran circunstancias como ataques con ácido o sustancias inflamables y cuando el responsable sea un servidor público.
Se castigará la tentativa de feminicidio
La iniciativa incorpora otra novedad importante: sancionar expresamente la tentativa de feminicidio.
Cuando una mujer sobreviva a un ataque que buscaba privarla de la vida por razones de género, el responsable podrá recibir una pena equivalente a entre la mitad y dos terceras partes de la sanción prevista para el feminicidio consumado.
Además de la prisión, la ley contempla consecuencias adicionales para los responsables. Entre ellas destacan la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia de menores. Si el responsable es un servidor público, también podrá ser destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Otro de los cambios relevantes consiste en impedir que quienes cometan feminicidio puedan acceder a beneficios jurídicos.
La propuesta establece que el delito, las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles, es decir, no perderán vigencia con el paso del tiempo. También prohíbe aplicar criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada o amnistías.
De esta manera, el gobierno busca cerrar espacios que puedan traducirse en impunidad y garantizar que las sentencias se cumplan íntegramente.
Investigarán con perspectiva de género
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojórquez, explicó que la iniciativa parte delprincipio fundamental de que “en casos de feminicidio existe una obligación de investigar con debida diligencia de forma reforzada”.
Para lograrlo, todas las fiscalías deberán aplicar protocolos especializados obligatorios que incluyan perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, correcta preservación de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
La funcionaria añadió que las fiscalías especializadas deberán acompañar el caso desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de las sanciones, evitando cambios de ministerios públicos que puedan afectar la continuidad del proceso. También será obligatorio que existan unidades especializadas con policías, peritos y personal capacitado para atender estos delitos.
NOTA DE CONTEXTO
MAYOR PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS
La propuesta no sólo modifica la investigación penal. También fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas.
La encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explicó que se reconoce el derecho al acceso a la verdad, la justicia, atención médica y psicológica urgente, asesoría jurídica gratuita y especializada, además de apoyo integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en condición de orfandad tras el asesinato de sus madres.
Otro aspecto relevante consiste en garantizar que la entrega del cuerpo de la víctima se realice de manera digna y respetuosa, así como ofrecer servicios de traducción e interpretación cuando se trate de personas indígenas.
La reparación del daño deberá ser “transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, buscando atender no sólo las consecuencias económicas, sino también las sociales y emocionales que deja este delito en las familias.
La iniciativa también contempla herramientas para mejorar la prevención. Entre ellas destaca la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, que permitirá identificar cuántos menores enfrentan esta situación, dónde viven y qué apoyos requieren.
Asimismo, se fortalecerán los registros nacionales de feminicidios, se impulsarán campañas de información para prevenir la violencia contra las mujeres y se crearán grupos técnicos de apoyo dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.
La estrategia también aprovechará la infraestructura ya existente, como los Centros LIBRE, los Centros de Justicia para las Mujeres, los refugios especializados, la línea telefónica 079 opción 1 y la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres para brindar acompañamiento a víctimas y familiares.
NOTA DE CONTEXTO
‘CERO IMPUNIDAD’: SHEINBAUM
Durante la presentación de la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el feminicidio representa “la peor forma de discriminación” y el acto más extremo de violencia contra las mujeres.
La mandataria recordó que las recientes reformas constitucionales ya reconocen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la igualdad salarial. Sin embargo, reconoció que todavía existen casos en los que las muertes violentas de mujeres son clasificadas incorrectamente o tardan demasiado en investigarse como feminicidios.
“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio”, afirmó. También señaló que el propósito es “evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio” y reducir la impunidad, especialmente cuando los presuntos responsables pertenecen al entorno cercano de la víctima.
La presidenta agregó que, de acuerdo con la información disponible, “cerca del 90% de los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja o por algún familiar directo”, situación que hace indispensable que las investigaciones incorporen antecedentes de violencia, aun cuando éstos no hayan sido denunciados previamente debido al miedo de las víctimas.
La discusión de esta iniciativa de ley ahora quedará en manos del Congreso de la Unión.
ALGUNOS ASPECTOS DE ESTA LEY
• Habrá una sola definición de feminicidio para todo México.
• La pena será de 50 a 70 años de prisión en cualquier estado.
• Se establecen 10 razones de género para acreditar el delito.
• Se crean 19 agravantes que aumentarán las sanciones en casos específicos.
• La tentativa de feminicidio también será castigada con penas de prisión.
• No habrá amnistía, libertad condicionada ni reducción de penas para los responsables.
• El delito será imprescriptible, al igual que las sanciones y la reparación del daño.
• Todas las fiscalías deberán aplicar protocolos especializados con perspectiva de género.
• Será obligatorio contar con fiscalías y personal especializado para investigar feminicidios.
• Las víctimas y sus familias tendrán mayores derechos, incluida atención médica, psicológica y asesoría jurídica gratuita.
• Se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
• Se fortalecerán los registros nacionales y las campañas de prevención para combatir la violencia contra las mujeres.
