El Gobierno de México enviará al Senado una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca establecer un marco único en todo el país para enfrentar este delito desde una perspectiva integral.
El anuncio se realizó este martes durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que se trata de una reforma en la que, dijo, “no debería haber oposición”, al tratarse de la protección de la vida de las mujeres.
La iniciativa parte de una reforma constitucional que permitiría al Congreso de la Unión expedir una ley general en la materia, con el objetivo de que todas las entidades federativas adopten criterios homogéneos para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio. De acuerdo con lo expuesto, esto implicaría que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República operen bajo los mismos lineamientos, evitando diferencias en la tipificación del delito y en los procesos de investigación.
Respuesta integral al feminicidio
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, explicó que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos. Señaló que este enfoque obliga a las instituciones del Estado a responder de manera estructural, no únicamente desde el ámbito penal, sino también mediante políticas públicas que atiendan las causas de la violencia contra las mujeres.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país. Actualmente, las legislaciones estatales contemplan variaciones en la definición del delito, lo que puede dificultar la investigación y la sanción. Con esta ley, se busca establecer criterios claros y comunes que permitan identificar cuándo una muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio.
Por ello, la propuesta reconoce al menos nueve razones de género que permitirían configurar el delito. Entre ellas se encuentran la existencia de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia por parte del agresor, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión o la exposición del cuerpo en un lugar público. Estos elementos buscan orientar a las autoridades para actuar desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio.
Sanciones más duras
La iniciativa también plantea un endurecimiento de las sanciones. Se propone una pena de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito, así como sanciones para la tentativa, que podrían ir de la mitad a dos terceras partes de la pena.
Además, se contemplan multas económicas y la incorporación de 21 agravantes, como el hecho de que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga alguna discapacidad, sea migrante o que el crimen se cometa frente a sus hijas o hijos.
Otro de los puntos relevantes es que el delito de feminicidio sería imprescriptible, es decir, podría investigarse y sancionarse sin importar el paso del tiempo. Además, se establece que la acción penal deberá ejercerse de oficio, lo que significa que las autoridades estarán obligadas a investigar sin necesidad de una denuncia previa.
La propuesta incluye también consecuencias jurídicas adicionales para los responsables. Entre ellas, la pérdida de derechos sucesorios respecto a la víctima, así como la pérdida automática de la patria potestad, tutela o custodia de hijas e hijos. Asimismo, se elimina cualquier beneficio legal que pudiera derivarse de la relación con la víctima, directa o indirectamente.
GARANTIZAN INVESTIGACIÓN SIN INTERRUPCIONES
Un aspecto importante de la iniciativa es la obligación de investigar todos los casos de muerte violenta de mujeres bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento. Esto implica incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso, así como aplicar protocolos especializados que garanticen la debida diligencia.
Entre las medidas propuestas se encuentra la homologación de protocolos de investigación en todo el país, así como la creación o fortalecimiento de fiscalías especializadas. Estas deberán contar con personal capacitado, incluyendo ministerios públicos, policías de investigación y peritos con formación específica en violencia de género.
También se establece la figura del “turno continuado”, que busca evitar interrupciones en las investigaciones por cambios de personal o de turno. De esta forma, las autoridades responsables deberán dar seguimiento continuo a cada caso, desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia, con el fin de garantizar la continuidad procesal y la protección de los derechos de las víctimas.
La iniciativa contempla además la certificación del personal encargado de estos casos, así como la implementación de planes de investigación y técnicas especializadas. El objetivo es fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la calidad de las investigaciones, reduciendo los niveles de impunidad.
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y REPARACIÓN INTEGRAL
Otro componente fundamental de la propuesta es el reconocimiento de los derechos de las víctimas directas e indirectas. De acuerdo con lo expuesto por la subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, la ley contempla atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita y acceso a servicios de salud, educación y seguridad social.
En el caso de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por feminicidio, la iniciativa plantea medidas específicas para garantizar su protección y el restablecimiento de sus derechos. Esto incluye la creación de un Registro Nacional de menores en esta condición, así como protocolos de atención especializados.
La reparación integral del daño es otro de los ejes de la iniciativa. Esta deberá ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y no se limitará a una compensación económica. También contempla medidas de restitución de derechos, atención psicológica y acciones de carácter social para apoyar a las familias de las víctimas.
Asimismo, se establece el derecho a la verdad y la justicia, así como la obligación de entregar los cuerpos de las víctimas de manera digna y respetuosa. También se contempla el acceso a servicios de traducción e interpretación para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos, independientemente de su lengua o condición.
La iniciativa no se limita al ámbito penal, sino que también incorpora medidas de prevención. Se plantea la articulación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para atender la violencia feminicida desde etapas tempranas, mediante la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección.
Entre las acciones previstas se encuentran el acceso a refugios, centros de justicia para mujeres, servicios de atención jurídica y líneas de apoyo. También se contempla la coordinación entre instituciones para ofrecer una respuesta integral a las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia.
La propuesta incluye la creación de una comisión especial dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres. Esta instancia tendría como objetivo fortalecer la capacitación, coordinar acciones interinstitucionales y promover campañas permanentes de prevención.
En materia de información, se plantea la elaboración y actualización de registros nacionales de feminicidios, lo que permitiría contar con datos más precisos y facilitar la toma de decisiones en políticas públicas.
Un elemento adicional de la iniciativa es la incorporación de disposiciones dirigidas a plataformas digitales. La ley mandata que se respete la dignidad de las víctimas, evitando la difusión de imágenes o contenidos que revictimicen o que hagan apología del delito.
Esto implica que la información relacionada con casos de feminicidio deberá manejarse con criterios de respeto y responsabilidad, tanto en medios digitales como en otros espacios de comunicación.
¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE ESTA LEY?
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta se inspira en el modelo de investigación y atención al feminicidio desarrollado en la Ciudad de México durante la gestión de Ernestina Godoy en la fiscalía local. Según señaló, este esquema permitió reducir la impunidad en ese delito, al mejorar la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
La intención, indicó, es llevar este modelo a todo el país mediante una ley general que obligue a las entidades federativas a adoptar estándares comunes. Esto permitiría fortalecer la coordinación entre instituciones y garantizar una respuesta más efectiva frente a la violencia feminicida.
De aprobarse la reforma constitucional y la ley general, el Congreso establecería las bases para un sistema nacional más articulado en la prevención y combate del feminicidio. El proceso legislativo iniciaría en el Senado y, en caso de avanzar, requeriría también la aprobación de los congresos estatales.
