En Quintana Roo, 368 personas identificadas como presuntos integrantes de grupos dedicados a los préstamos conocidos como “gota a gota” han sido detenidas durante 2026, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Si bien la cifra de detenciones es elevada, entonces ¿por qué el negocio continúa funcionando?
Detrás de esta actividad existe un sistema que combina la necesidad de dinero inmediato, intereses elevados y, en numerosos casos, amenazas contra quienes no pueden pagar.
El problema no es exclusivo de Cancún, Playa del Carmen o Puerto Morelos, ni comenzó en México. El modelo se desarrolló en Sudamérica y, con el paso de los años, se extendió por distintos países de América Latina.
¿Cómo operan los ‘gota a gota’?
Su funcionamiento es sencillo y consiste en ofrecer dinero rápido a personas que difícilmente conseguirían un crédito bancario, establecer pagos frecuentes y utilizar mecanismos de presión cuando aparecen los retrasos. En las redes criminales, lo que comienza como un préstamo es seguro que termin en extorsión, pérdida de propiedades e incluso agresiones físicas.
El caso más reciente fue presentado por el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, quien informó sobre la detención de nueve presuntos integrantes de una célula vinculada con los “gota a gota”. Las acciones se realizaron en el fraccionamiento Jardines del Sur 1 y las supermanzanas 224 y 251 de Cancún, con participación de autoridades federales, estatales y municipales.
Entre los detenidos se encuentra Ricardo, alias “El Viejón” o “Apá”, de 39 años, originario de Jalisco, identificado como presunto jefe de la célula. De acuerdo con las investigaciones, algunos integrantes llegaron a Quintana Roo durante julio y se encargaban de controlar zonas de operación, administrar recursos, reclutar colaboradores y resguardar armas.
Las autoridades también realizaron dos cateos en inmuebles relacionados con los detenidos. Ahí encontraron 24 armas de fuego, mil 731 cartuchos, 70 cargadores, chalecos tácticos, drogas, vehículos, motocicletas y equipos de comunicación. También se encontró una libreta con anotaciones sobre establecimientos comerciales que presuntamente eran víctimas de extorsión.
“Precisamente en el inmueble cateado en fraccionamiento Jardines del Sur se localizó una libreta con una lista con al menos 14 negociaciones a las cuales cobraban extorsión”, declaró López Salazar. Los nueve detenidos ya fueron vinculados a proceso.
¿Dónde nacieron los préstamos ‘gota a gota’?
El sistema tiene sus antecedentes más conocidos en Colombia, donde se extendió entre finales del siglo pasado y principios del actual. Aunque no existe una fecha única y plenamente documentada sobre su nacimiento, investigaciones periodísticas y autoridades colombianas han identificado a ese país como uno de los principales puntos de origen y expansión internacional de estas redes.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que esta modalidad surgió en Sudamérica y señala que existen antecedentes que la relacionan con mecanismos de financiamiento de organizaciones criminales. Sin embargo, eso no significa que todos los prestamistas que utilizan este esquema pertenezcan a una misma organización.
En 2018, la Policía Nacional de Colombia informó sobre el desmantelamiento de una organización dedicada a esta actividad, con operaciones en México, Guatemala, Perú y Brasil. Las investigaciones encontraron una estructura con reclutadores, coordinadores, cobradores y responsables de recibir el dinero. Parte de las ganancias regresaba a Colombia mediante transferencias y otra se invertía en propiedades registradas a nombre de terceros.
Este antecedente permite comprender que los “gota a gota” pueden funcionar como redes organizadas, aunque no demuestra que las células detenidas actualmente en Quintana Roo tengan relación directa con aquella estructura colombiana.
¿Cómo funcionan los préstamos ‘gota a gota’?
La primera etapa consiste en localizar personas que necesitan dinero. Los principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, vendedores de mercados, trabajadores independientes y propietarios de negocios que requieren efectivo para comprar mercancía, pagar proveedores o cubrir gastos urgentes.
Los prestamistas ofrecen cantidades inmediatas, sin revisar el historial crediticio y, en ocasiones, sin contratos escritos. En el caso investigado en Cancún, la Fiscalía identificó préstamos de entre 2 mil y 200 mil pesos, con intereses que podían fluctuar entre 20 y 50 por ciento, mediante cobros diarios, semanales o mensuales.
La Condusef advierte que el atractivo de estos créditos está en la facilidad para obtenerlos y en la apariencia de que las cuotas son pequeñas. Sin embargo, los intereses y los cargos por retraso pueden elevar considerablemente la cantidad que debe devolverse.
Por ejemplo, un comerciante que recibe 10 mil pesos con un interés del 30 por ciento mensual tendría que devolver 13 mil pesos al concluir ese periodo, si se trata de un interés simple y no existen otros cargos. Si debe reunir esa cantidad en 30 pagos diarios, necesitaría entregar aproximadamente 433 pesos cada día, independientemente de cuánto haya vendido.
El problema se agrava cuando las ventas disminuyen o aparece una emergencia. Algunos prestamistas ofrecen nuevos créditos para cubrir las deudas anteriores, lo que puede generar una cadena de obligaciones cada vez más difícil de romper.
De la deuda a la extorsión y la violencia
La diferencia más grave aparece cuando los cobradores utilizan amenazas o violencia para exigir los pagos. Según la Fiscalía de Quintana Roo, los grupos investigados han recurrido a intimidaciones, agresiones físicas y amenazas contra familiares, además de ataques a establecimientos comerciales.
“Cuando las víctimas ya no pueden pagar, las obligan a adquirir nuevos créditos impagables”, explicó el fiscal Raciel López Salazar.
En algunos casos, los deudores terminan entregando aparatos electrodomésticos, vehículos, mercancías o documentos de sus propiedades. El temor a sufrir represalias también puede impedir que denuncien, especialmente cuando los cobradores conocen dónde trabajan, viven o estudian sus familiares.
La Condusef ha documentado que estas prácticas pueden incluir el retiro de mercancías de los negocios y otras formas de presión para recuperar el dinero. No obstante, es importante distinguir entre un préstamo informal, el cobro de intereses excesivos y delitos como la extorsión o las amenazas, que requieren investigaciones específicas.
¿De dónde sale el dinero de los ‘gota a gota’?
Una de las preguntas centrales es de dónde sale el capital utilizado para entregar los préstamos. Si una organización dispone de recursos para financiar simultáneamente a decenas de comerciantes, resulta necesario investigar quién aporta ese dinero, cómo se administra y hacia dónde se dirigen las ganancias.
El antecedente documentado por la Policía Nacional de Colombia demuestra que algunas organizaciones internacionales utilizaron esta actividad para mover recursos y adquirir propiedades mediante terceros.
Sin embargo, en el caso de Quintana Roo, no hay información suficiente para establecer si los detenidos operaban con ese mismo mecanismo. En Cancún, las autoridades aseguraron armas, vehículos, drogas y documentos, pero la Fiscalía no precisó cuánto dinero fue localizado ni si existen investigaciones financieras contra posibles responsables de financiar la célula.
¿Qué pueden hacer la gente para evitar estos préstamos?
La Condusef recomienda verificar que cualquier institución que ofrezca financiamiento esté debidamente registrada, comparar las condiciones de los créditos y conocer el costo total antes de aceptar dinero.
Para consultar a las instituciones financieras existen herramientas oficiales como el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y el Buró de Entidades Financieras.
También es importante desconfiar de las ofertas que prometen dinero inmediato sin explicar claramente los intereses, las penalizaciones o las condiciones de pago. Si existen amenazas o agresiones, el problema deja de ser solamente financiero y debe denunciarse ante las autoridades competentes.

