La Legislatura 18 del Congreso de Quintana Roo llegó al punto medio de su periodo constitucional, luego de 537 días de ejercicio legislativo en los que sus 25 integrantes han mantenido una actividad que no corresponde al nivel de recursos públicos que administra.
En este lapso, el Congreso estatal se mantiene como uno de los más costosos del país en proporción a su tamaño, sin que los resultados legislativos reflejen el mismo nivel de desempeño.
De acuerdo con Eduardo Galaviz, director general del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la actual Legislatura podría estar ofreciendo un rendimiento institucional por debajo de lo esperado frente al presupuesto que ejerce, lo que abre la discusión sobre eficiencia, prioridades y responsabilidad pública.
“Cuando hablamos de bajo desempeño no es una afirmación ligera. Nos referimos a productividad efectiva, a iniciativas que realmente se convierten en decretos y a la calidad del debate parlamentario. Si el Congreso es uno de los más caros del país, la exigencia ciudadana debe ser igualmente alta. Los recursos públicos obligan a resultados públicos.
“Todavía hay tiempo para mejorar, pero la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se está trabajando y si el costo del Congreso se traduce en beneficios concretos para el estado”, dijo.
Un Congreso de 800 mdp
En esta primera mitad de su periodo, la actual legislatura ha ejercido alrededor de 800 millones de pesos del erario. Para el director del Observatorio Legislativo, esta cifra no puede analizarse de manera aislada, sino en relación directa con los resultados obtenidos en materia de producción normativa, calidad del debate y atención a los temas prioritarios del estado.
“Estamos hablando de un presupuesto estimado mensual de 44 millones de pesos. Si lo proyectamos por diputación, implica alrededor de 32 millones de pesos por cada legislador en esta primera mitad del periodo.
Es un costo muy alto que necesariamente debe justificarse con resultados claros, medibles y útiles para la ciudadanía”, detalló.
Galaviz añadió que no se trata únicamente de cuánto se gasta, sino de cómo se traduce ese gasto en beneficios concretos.
“Cuando un Congreso maneja estas cantidades de recursos públicos, la expectativa ciudadana es que exista una productividad acorde, leyes bien sustentadas, debate técnico y soluciones reales a los problemas del estado”, comentó.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso de Quintana Roo tiene aprobado un presupuesto de poco más de 536 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos se destina al pago de sueldos y salarios, seguido por servicios generales y un monto considerable asignado al rubro de ayudas sociales. Es precisamente este último punto el que ha generado mayores cuestionamientos por parte del Observatorio.
“Hemos señalado desde hace varios años que el monto presupuestal asignado al Congreso es excesivo, particularmente en lo que se denomina ayudas sociales. Este rubro, en muchos casos, termina utilizándose para fortalecer posicionamientos políticos o estructuras con miras a procesos electorales”, dijo.
El director del Observatorio Legislativo consideró que, además de ser elevado, este gasto resulta innecesario en el contexto actual.
“Hoy el apoyo a grupos vulnerables ya cuenta con presupuestos específicos asignados a la Secretaría del Bienestar y al DIF. Por tanto, no tendría sentido que el Poder Legislativo mantenga esa función paralela. El Congreso está para legislar, no para operar programas sociales.
“Cada peso que se asigna al Congreso debe estar orientado a fortalecer su tarea sustantiva: crear y mejorar leyes. Si los recursos se dispersan en funciones que no le corresponden, se debilita su papel y se distorsiona su responsabilidad ante los ciudadanos”, dijo.
Escasa productividad legislativa
En términos generales, durante esta primera mitad del periodo se han realizado 153 sesiones, se han presentado 337 iniciativas y se han emitido 202 decretos. A simple vista, esto podría interpretarse como una productividad cercana al 60 por ciento, considerando la proporción entre iniciativas presentadas y decretos aprobados.
Sin embargo, el Observatorio profundizó en el origen de esas iniciativas, en donde principalmente han sido impulsadas por la gobernadora Mara Lezama.
“Cuando revisamos con mayor detalle, encontramos que el 61 por ciento de los decretos aprobados proviene de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, por los municipios, por el Congreso de la Unión o incluso de rezagos de la legislatura anterior.
Esto significa que solo una parte menor corresponde directamente a propuestas originales de los diputados actuales”, explicó.
Además, Galaviz insistió en que el indicador más importante no es cuántas iniciativas se presentan, sino cuántas se convierten en decretos.
“Las iniciativas pueden quedarse en el papel. Lo que realmente transforma la vida pública son los decretos aprobados, porque son los que establecen obligaciones y derechos para ciudadanos y autoridades”, dijo.
Aunque una gran parte de las iniciativas se han presentado a nombre de los grupos parlamentarios, el Observatorio Legislativo ha analizado el trabajo individual de cada diputado para conocer cuál ha sido su aportación personal.
En esta revisión detectaron que varios legisladores no han presentado iniciativas propias durante esta primera mitad del periodo, mientras que en otros casos sí existe participación individual, pero con resultados desiguales.
Otro elemento que preocupa al Observatorio es que más de diez decretos aprobados fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia, lo que derivó en modificaciones o invalidez de algunas normas, entre ellas reformas a la Ley de Movilidad, al Código Penal y a la Ley de Expropiación.
“Muchas de estas iniciativas fueron enviadas por el Ejecutivo y aprobadas sin observaciones. Posteriormente fueron impugnadas y modificadas. En estos casos no se ha señalado responsabilidad alguna por la falta de revisión adecuada”, compartió.
Nómina elevada y diferencias salariales
El Congreso de Quintana Roo cuenta actualmente con 631 personas en nómina, incluyendo a los 25 diputados. Para el Observatorio, esta cifra resulta elevada si se compara con otros congresos estatales del país que operan con menos personal.
En cuanto al gasto en salarios, de los más de 368 millones de pesos destinados a este rubro en 2026, poco más de 65 millones corresponden al personal de base, cuyo salario máximo ronda los 18 mil 935 pesos mensuales. En contraste, el personal de confianza puede percibir más de 50 mil pesos al mes.
“Existe una diferencia considerable en las escalas salariales entre el personal de base y el de confianza. Esto también debe analizarse desde la eficiencia y la equidad en el gasto público”, señaló Galaviz.
Un balance crítico hacia el futuro
Para el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, el balance general es que el Congreso continúa siendo una institución costosa con niveles de productividad que no corresponden plenamente al presupuesto ejercido.
“Seguimos observando que el Congreso del Estado es caro e ineficiente. Existen temas urgentes como seguridad, ciberseguridad y personas desaparecidas que requieren mayor atención legislativa. Sin embargo, la dinámica actual no refleja esa prioridad”, destacó Galaviz.
De cara a 2026, Eduardo Galaviz anticipó que la actividad legislativa podría tener un componente más mediático.
“Seguramente veremos una mayor exposición pública, porque muchos diputados buscarán una reelección o un nuevo cargo. La posición legislativa también se está utilizando como plataforma política”, dijo.
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