Todo comenzó con un tuit, o más bien, una publicación en Truth Social. El presidente Donald Trump, en un giro que ha sacudido a las instituciones educativas, anunció que su administración retiraría la exención fiscal de la Universidad de Harvard. “Es lo que se merecen”, escribió, dejando claro que esto no se trataba únicamente de una política fiscal, sino de una cruzada ideológica.
Harvard, que ha gozado por décadas de una exención fiscal como entidad sin fines de lucro bajo el estatus 501(c)(3), ahora ve peligrar su modelo financiero, su prestigio y su autonomía institucional. La reacción fue inmediata: la universidad presentó una demanda que podría abrir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre la educación superior y el poder federal.
¿Por qué Trump va contra Harvard?
Según el gobierno, Harvard ha incumplido con ciertos requisitos como combatir el antisemitismo en su campus y desmantelar programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). El congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en fondos federales fue el primer paso. Ahora, la amenaza de quitarle el estatus fiscal podría ser un golpe aún mayor.
El argumento de la administración es que las universidades no deberían beneficiarse del dinero público si promueven ideas que, en palabras de Trump, “dividen a la nación”.
¿Qué está en juego?
Para Harvard, no se trata solo de impuestos. La exención le permite dedicar más recursos a becas, investigaciones científicas, medicina y desarrollo tecnológico. Un vocero de la universidad declaró: “Cada dólar sin impuestos representa innovación, inclusión y educación gratuita para miles de estudiantes”.
Eliminar la exención fiscal afectaría también a sus donantes, quienes ya no podrían deducir sus aportaciones. Esto podría provocar una reducción drástica en las donaciones, limitando el impacto de Harvard en múltiples áreas, desde salud hasta economía.
Las implicaciones legales
Expertos legales aseguran que revocar el estatus fiscal de Harvard no será sencillo. Según The Wall Street Journal, la Corte Suprema ya estableció que solo se puede retirar esa designación si una institución viola principios fundamentales de política pública, como ocurrió en el caso Bob Jones University por su racismo institucional.
La batalla legal promete ser larga. Las cortes deberán decidir si los argumentos del gobierno constituyen una violación de estos principios y si la ideología puede ser causa suficiente para perder beneficios fiscales.
Una narrativa mayor: la educación como campo de batalla político
Este no es un caso aislado. Representa una tendencia mayor: el uso del poder ejecutivo para presionar ideológicamente a instituciones educativas. Ya antes, Trump y su administración habían apuntado contra otras universidades por motivos similares. Harvard, como símbolo del liberalismo académico, se convierte ahora en el objetivo más visible.
Rolando Ávila, analista político, lo resume así: “Esta no es una disputa fiscal. Es una guerra cultural sobre qué valores deben enseñar nuestras universidades”.
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