Una nueva política migratoria propuesta por el Departamento de Estado de EE. UU. encendió las alertas entre millones de viajeros internacionales. La medida, que aún se encuentra en fase piloto, obligará a ciudadanos de ciertos países a pagar una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares para obtener una visa de negocios o turismo (B-1/B-2), dependiendo de su nacionalidad y antecedentes migratorios.
¿A quiénes afectará esta fianza?
De acuerdo con el anuncio oficial, la nueva disposición aplicará a solicitantes provenientes de países con altos índices de permanencia ilegal en EE. UU., aquellos con controles migratorios internos deficientes o programas de ciudadanía por inversión que no exigen residencia previa.
Aunque el gobierno estadounidense no ha publicado aún la lista oficial de países, se espera que incluya naciones históricamente señaladas por violaciones de condiciones de visa o falta de cooperación en procesos migratorios.
“Esta fianza busca proteger al gobierno de Estados Unidos contra costos derivados de visitantes que no respeten los términos de su estancia”, indica el aviso publicado en el Registro Federal.
¿Qué implica esta medida para los viajeros?
El programa piloto durará 12 meses y entra en vigor 15 días después de su publicación formal. Aquellos obligados a pagar la fianza la perderán si incumplen las condiciones de su visa, pero podrán recuperarla si regresan a su país en el tiempo estipulado.
Además, esta política se suma a otras restricciones recientes:
- Entrevistas obligatorias para muchos solicitantes de renovación de visa.
- Exigencia de pasaporte válido para quienes participen en la Lotería de Visas por Diversidad.
Con estas decisiones, la administración busca reforzar los controles fronterizos y reducir los casos de estadía ilegal, que han sido históricamente un tema de tensión migratoria.
Contexto político y antecedentes
Durante la administración Trump, Estados Unidos ya había explorado mecanismos similares, aunque sin implementación. Esta vez, el Departamento de Estado asegura que el contexto actual justifica la medida, argumentando que la visión anterior de evitar las fianzas no se basaba en evidencia real.
Aunque la fianza no aplicará a países incluidos en el Programa de Exención de Visas, podría representar una barrera económica desproporcionada para ciudadanos de países en desarrollo, dificultando los viajes por turismo o negocios.
Expertos en migración advierten que esta política podría tener efectos disuasorios, especialmente en comunidades con vínculos familiares y comerciales con EE. UU. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por un posible sesgo discriminatorio.
¿Qué sigue?
La lista definitiva de países afectados será publicada en las próximas semanas. En tanto, organizaciones migratorias recomiendan a los interesados en solicitar visa que consulten con asesores legales y se mantengan informados a través de canales oficiales.
El éxito o fracaso de esta política podría marcar el rumbo de futuras reformas migratorias en Estados Unidos, justo en un año clave para la política interna y con el debate migratorio nuevamente en el centro de la conversación pública.
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