La Corte Suprema de EE.UU. autorizó al gobierno de Trump a reanudar deportaciones expeditas a terceros países, una decisión que provocó una dura respuesta de la jueza Sotomayor, quien advirtió sobre el «riesgo de tortura o muerte» para miles de migrantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el lunes una decisión de profundas implicaciones para la política migratoria del país, al dar luz verde a la administración Trump para reanudar la deportación expedita de migrantes a «terceros países», naciones con las que no tienen ningún vínculo. La orden, emitida sin una explicación detallada por parte de la mayoría conservadora, anula temporalmente una salvaguarda judicial previa y ha sido descrita por la jueza Sonia Sotomayor en un disenso mordaz como una acción que expone a miles de personas al «riesgo de tortura o muerte».
Una Victoria para la Mano Dura Migratoria
La decisión del alto tribunal suspende un fallo del juez de distrito Brian Murphy de Massachusetts. Dicho fallo había establecido que el gobierno no podía deportar a migrantes a un tercer país sin antes proporcionarles un aviso por escrito y un mínimo de 10 a 15 días para presentar un recurso, argumentando el temor a ser perseguidos o torturados en el destino propuesto.
La administración Trump había argumentado que este requisito judicial estaba causando «estragos» en el proceso de deportación y perturbando «sensibles esfuerzos diplomáticos, de política exterior y de seguridad nacional». La reacción del gobierno a la victoria en la Corte fue inmediata y contundente. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), celebró la decisión como una «victoria para la seguridad del pueblo estadounidense» y declaró en un comunicado: «Enciendan los aviones de deportación».
Este fallo se produce en medio de una intensificada campaña de control migratorio por parte de la administración republicana, que ha prometido deportar a millones de personas que residen ilegalmente en el país. La decisión de la Corte de actuar a través de su «expediente de emergencia» o «shadow docket»—un procedimiento rápido que no requiere argumentaciones públicas ni opiniones escritas detalladas—ha sido un punto central de la controversia. Este mecanismo permite al tribunal tomar decisiones de gran alcance de manera opaca, lo que alimenta las críticas de que prioriza la conveniencia del poder ejecutivo sobre el debido proceso judicial.
El Disenso de Sotomayor: Una Acusación de «Anarquía»
El verdadero epicentro de la noticia reside en la feroz disidencia de la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En un documento de 19 páginas, Sotomayor no solo se opuso a la decisión, sino que acusó a la mayoría de «recompensar la anarquía» y de un «abuso flagrante de la discreción equitativa de la Corte».
«El gobierno ha dejado claro de palabra y de obra que se siente sin restricciones por la ley, libre de deportar a cualquiera a cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado.» – Jueza Sonia Sotomayor, en su disenso.
Sotomayor argumentó que la administración Trump no merecía el amparo de la Corte porque ya había desafiado «abiertamente dos órdenes judiciales» al intentar deportar a migrantes a lugares como Sudán del Sur con menos de 16 horas de antelación, impidiendo el contacto con sus abogados. Este acto de desacato, según Sotomayor, debería haber descalificado al gobierno para recibir un alivio de emergencia.
El lenguaje de la jueza fue inusualmente directo, afirmando que la decisión de sus colegas hacía que la idea de que «miles sufrirán violencia en lugares remotos» fuera «más apetecible que la remota posibilidad de que un Tribunal de Distrito excediera sus poderes».
El Contexto Humano y la Reacción de Activistas
El caso tiene su origen en la situación de un grupo de migrantes de países como Myanmar, Vietnam, Cuba y México, quienes, tras ser condenados por delitos graves en EE.UU., iban a ser deportados a Sudán del Sur, un país devastado por un conflicto armado. Sus abogados argumentaron que enviarlos allí equivalía a una sentencia de «encarcelamiento, tortura e incluso la muerte».
Organizaciones de derechos de los inmigrantes reaccionaron con alarma. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, advirtió que las ramificaciones de la orden de la Corte Suprema «serán horrorosas». Los abogados de los migrantes han insistido en que incluso las personas con antecedentes penales merecen un aviso y una oportunidad de ser escuchadas antes de ser enviadas a un país donde sus vidas corren peligro.
La decisión de la Corte Suprema no es el final del caso, ya que solo pone en pausa la orden del tribunal inferior mientras continúa el proceso de apelación. Sin embargo, en la práctica, permite que las deportaciones se reanuden de inmediato. Este fallo representa un punto de inflexión en la batalla sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y expone la profunda fractura ideológica en el máximo tribunal de la nación sobre cuestiones fundamentales de debido proceso, derechos humanos y el estado de derecho.
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