El arresto del Sheriff Curtis Cochran por presuntamente agredir sexualmente a mujeres en territorio de la Nación Cherokee del Este no es solo un caso criminal; es un histórico enfrentamiento legal que pone a prueba la soberanía de las naciones nativas en EE.UU.
En un caso con profundas implicaciones para la justicia y la soberanía tribal en Estados Unidos, el Sheriff del condado de Swain, Curtis Cochran, de 72 años, ha sido arrestado y suspendido de su cargo, enfrentando una serie de cargos criminales tanto a nivel estatal como tribal por presuntas agresiones sexuales cometidas en tierras soberanas de la Eastern Band of Cherokee Indians (EBCI).
El caso trasciende las acusaciones contra un solo hombre y se convierte en un campo de batalla legal sobre la capacidad de una nación nativa para ejercer su jurisdicción sobre un funcionario público no nativo, un poder recientemente reforzado por la ley federal.
Las Acusaciones y el Doble Proceso Judicial
La investigación se inició cuando una mujer Cherokee denunció a la Policía India de Cherokee (CIPD) que el Sheriff Cochran la había agredido sexualmente en su vehículo oficial después de que ella le pidiera ayuda en la carretera dentro de la Qualla Boundary, el territorio soberano de la EBCI. Poco después, una segunda mujer, no miembro de la tribu y recién liberada de la cárcel tribal, hizo acusaciones similares.
Como resultado de una investigación conjunta entre la CIPD, la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (SBI) y el FBI, Cochran enfrenta ahora un laberinto legal en dos frentes :
- * Cargos Estatales: Incluyen agresión sexual, asalto a una mujer, solicitud de prostitución y restricción delictiva.
- * Cargos Tribales: La EBCI lo ha acusado de contacto sexual abusivo y dos cargos de opresión en el cargo.
Las acusaciones detallan un presunto patrón depredador, en el que el sheriff habría utilizado su posición de autoridad para aprovecharse de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Un Hito para la Soberanía Tribal
Lo que hace que este caso sea históricamente significativo es la decisión de la EBCI de procesar a Cochran, un no nativo, en su propio sistema judicial. Esta acción es una aplicación directa y audaz de la autoridad jurisdiccional ampliada concedida a las tribus en la reautorización de 2022 de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA).
Históricamente, una decisión de la Corte Suprema de 1978 (Oliphant v. Suquamish Indian Tribe) había despojado en gran medida a las tribus de la capacidad de procesar a no nativos que cometían crímenes en sus tierras, creando un vacío legal que, según los defensores, resultó en altos índices de violencia impune, especialmente contra las mujeres nativas.
«Creo que la intuición de casi todos es que, por supuesto, la tribu debería poder procesar en este tipo de situación, dada la naturaleza desenfrenada del abuso sexual por parte de no indios contra indios dentro del país indio». – Daniel Rice, profesor de derecho especializado en legislación india.
La ley VAWA de 2022 fue diseñada precisamente para cerrar esta brecha. Al acusar a un sheriff en funciones, la EBCI no solo busca justicia para las presuntas víctimas, sino que también está estableciendo un precedente crucial. El resultado de este caso será observado de cerca por las 574 naciones tribales reconocidas a nivel federal y por los gobiernos estatales de todo el país.
El éxito o el fracaso de la fiscalía tribal en el caso Cochran determinará en la práctica cuán efectivas son las nuevas herramientas legales otorgadas por el Congreso para proteger a las comunidades nativas y hacer que los perpetradores no nativos rindan cuentas, sin importar su cargo o estatus. Este no es solo el juicio de un hombre; es el juicio sobre el futuro de la justicia en el corazón de la América Nativa.
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