El Senado de EE.UU. aprobó el controvertido «megabill» fiscal, desatando una condena feroz de la ACLU, que acusa al plan de desmantelar la red de seguridad sanitaria del país para financiar una «máquina de deportación extrema» y un «ataque imprudente» a las libertades.
En una votación que mantuvo en vilo a Washington D.C., el Senado de los Estados Unidos aprobó la noche del martes el vasto y controvertido paquete legislativo conocido como «One Big Beautiful Bill» (OBBBA) o «megabill». La reacción no se hizo esperar. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) emitió una de sus condenas más enérgicas, acusando a la cámara de desmantelar la red de seguridad sanitaria del país para financiar una «máquina de deportación extrema» y lanzar un «ataque imprudente a nuestra atención médica, nuestras libertades civiles y nuestra capacidad misma de sobrevivir».
¿Qué es el «Megabill» y Por Qué Es Tan Polémico?
El «megabill» es una pieza legislativa de doble filo que define las prioridades de la actual administración. Por un lado, busca hacer permanentes los recortes de impuestos promulgados en 2017, una medida que beneficia predominantemente a las corporaciones y a los individuos de mayores ingresos. Por otro, para compensar parcialmente este costo, impone recortes históricos a programas sociales que afectan a millones de estadounidenses.
El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, proyecta un panorama fiscal alarmante. Según sus estimaciones, la versión del Senado del proyecto de ley aumentaría el déficit nacional en casi 3.3 billones de dólares durante la próxima década, una cifra significativamente mayor que la proyección de 2.4 billones para la versión de la Cámara de Representantes.
El impacto humano, según la misma CBO, es igualmente drástico. Se estima que 11.8 millones de personas más quedarían sin seguro médico para 2034 si el proyecto se convierte en ley. El corazón de esta reducción proviene de un recorte de al menos 900 mil millones de dólares a Medicaid, el programa de salud para personas de bajos ingresos, lo que representa el mayor recorte en la historia del programa. Estos números no son meras estadísticas; representan una reconfiguración fundamental del contrato social estadounidense, donde los recursos se desvían de los servicios de salud para los más vulnerables.
«Una Crueldad Elevada»: La Feroz Reacción de la ACLU
La respuesta de la ACLU ha sido el epicentro de la oposición moral y emocional al proyecto. La organización ha enmarcado la legislación no como un simple ejercicio presupuestario, sino como un ataque directo a los derechos humanos y civiles.
«El Senado elevó la crueldad en este proyecto de ley y demostró su total y absoluto desprecio por la salud y el bienestar de los niños, los adultos y las personas con discapacidades. No deberíamos estar expulsando a millones de personas de Medicaid y negando cuidados que salvan vidas para financiar la máquina de deportación extrema de la administración Trump». – Deirdre Schifeling, Directora de Política y Defensa de la ACLU.
La retórica de la ACLU conecta directamente los recortes a Medicaid con el aumento masivo de fondos para la aplicación de leyes de inmigración, un punto que la propia estructura del proyecto de ley confirma. Se trata de una transferencia directa de fondos desde la atención médica hacia la detención y deportación.
El Doble Golpe: Cómo el Plan Afecta a las Comunidades Inmigrantes
Quizás una de las disposiciones más alarmantes y con mayor potencial de impacto en la comunidad hispana es la que permite el uso de datos de los beneficiarios de Medicaid para la aplicación de leyes de inmigración. Una investigación de Associated Press reveló que los propios funcionarios de Medicaid intentaron bloquear esta transferencia de datos, citando serias preocupaciones legales y éticas, pero fueron finalmente desautorizados por altos cargos de la administración.
Esta medida crea lo que los activistas llaman un «efecto paralizador». Podría disuadir a los inmigrantes, incluso a aquellos con estatus legal, de buscar atención médica esencial para ellos o sus hijos por temor a que sus datos personales terminen en manos de las autoridades de deportación. Este temor transforma el sistema de salud, un pilar de cuidado y confianza, en una potencial herramienta de vigilancia y control, amenazando con generar una crisis de salud pública silenciosa. La ACLU ya ha emprendido acciones legales contra lo que denomina la «agenda de deportación masiva» de la administración, y esta nueva provisión se considera una escalada en esas tácticas.
El Debate en el Capitolio: ¿Responsabilidad Fiscal o «Matemática Mágica»?
La controversia también se extiende a los procedimientos contables. Para defender el proyecto, sus partidarios utilizan una línea de base presupuestaria alternativa que asume que los recortes de impuestos ya son permanentes, lo que les permite argumentar que el proyecto en realidad reduce el déficit en unos 500 mil millones de dólares.
Sin embargo, los demócratas y la mayoría de los economistas independientes, junto con la CBO en su análisis estándar, denuncian esta metodología como «matemática mágica» diseñada para ocultar el verdadero costo fiscal de la legislación. Este choque de narrativas expone la profunda división ideológica en Washington, donde incluso los «hechos» fiscales están en disputa. La aprobación del proyecto, a pesar de la oposición interna de algunos republicanos preocupados por la magnitud de los recortes, subraya la intensa presión política para cumplir con las prioridades de la Casa Blanca.
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