Una jueza federal de Estados Unidos frenó temporalmente la aplicación de las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados impulsadas por el gobierno de Donald Trump, al considerar que la medida podría violar el derecho al debido proceso legal.
El fallo contra la política migratoria de Trump
El dictamen fue emitido por la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., quien señaló que la política restablecida en enero por Trump “prioriza la rapidez” y podría derivar en la deportación por error de personas que sí tienen derecho a permanecer en el país.
La medida reinstauraba la llamada “expulsión inmediata”, aplicada durante el primer mandato de Trump (2017-2021), la cual permite deportar a cualquier indocumentado que no pueda probar que lleva al menos dos años consecutivos en EE. UU., sin pasar por una audiencia judicial.
El argumento de los demandantes
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York habían denunciado que la política de Trump viola la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a un proceso legal justo.
Cobb coincidió con este planteamiento y señaló que extender las deportaciones rápidas al interior del país, y no solo a quienes cruzan recientemente la frontera, representa un cambio sustancial que requiere mayores garantías legales.
Riesgo para todos
En su dictamen de 48 páginas, la jueza criticó la postura del gobierno de Trump de que las personas que ingresaron ilegalmente no tienen derecho al debido proceso.
“Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, advirtió Cobb, subrayando la importancia de que la administración cumpla con las protecciones establecidas en la Constitución y las leyes de inmigración.
El fallo no invalida la figura legal de la deportación expedita, que seguirá aplicándose en casos de migrantes detenidos cerca de la frontera sur poco después de ingresar. Sin embargo, suspende su expansión nacional, que era uno de los pilares de la promesa de deportaciones masivas de Trump.
Con este revés, la Casa Blanca deberá decidir si apela la decisión, mientras los grupos defensores de inmigrantes celebran el fallo como una victoria clave en la defensa de los derechos civiles.
