Gases, helicópteros y trabajadores arrestados en el sur de California
La mañana del jueves se transformó en pesadilla para decenas de trabajadores agrícolas en Camarillo, California, cuando una redada encabezada por agentes federales convirtió los campos de cultivo en escenario de un operativo militar. Vehículos blindados, helicópteros, tropas camufladas y gases lanzados contra manifestantes dejaron una estampa de tensión que revive los momentos más duros de la política migratoria estadounidense.
En el centro del conflicto se encontraba una granja operada por Glass House Farms, empresa que cuenta con licencia para cultivar cannabis en el condado de Ventura, pero que también cultiva tomates y pepinos. La operación federal, que incluyó a ICE y presuntamente a la Guardia Nacional, se desplegó simultáneamente en Camarillo y Carpintería, ambas regiones agrícolas que dependen en gran medida de trabajadores migrantes.
Entre humo y gritos: el momento del enfrentamiento
Las imágenes transmitidas por cadenas locales fueron contundentes: humo blanco y verde se extendía por los campos mientras decenas de manifestantes eran dispersados. Algunos fueron captados gritando a los agentes armados, quienes respondieron con lanzamientos de dispositivos disuasivos, posiblemente gases lacrimógenos.
Una de las voces que más conmovió fue la de Judith Ramos, de 22 años, quien acudió al lugar tras recibir la llamada angustiante de su padre. “Me dijo que inmigración estaba afuera, que me hiciera cargo de todo si algo pasaba”, relató con lágrimas. Cuando llegó, vio a su padre subir a un autobús con otros detenidos. Más tarde, mientras protestaba, fue rociada por un agente: “Tuve que ponerme leche en la cara”.
El temor crece entre las comunidades migrantes
Los testimonios se repiten: desconcierto, miedo y silencio institucional. La camioneta del padre de Ramos seguía estacionada. Nadie sabía a dónde habían llevado a los detenidos. No hubo pronunciamiento inmediato del Departamento de Seguridad Nacional, ni de ICE o CBP.
El hecho no fue aislado. Se trata de una escalada en los operativos federales en California, donde en semanas recientes negocios como car wash, Home Depot y otras granjas han sido blanco de redadas. La Guardia Nacional, bajo el amparo del gobierno de Donald Trump, ha sido desplegada para proteger a los agentes migratorios y dar respaldo logístico.
Las consecuencias agrícolas: campos vacíos y cadenas rotas
La preocupación no es solo humanitaria. Líderes del sector agrícola han advertido que la mitad de los trabajadores del campo en EE.UU. son indocumentados, según estimaciones gubernamentales. Las redadas masivas no solo generan miedo, sino que han empezado a paralizar cosechas.
Cultivos sin levantar, jornadas suspendidas y temor a acudir a trabajar son efectos colaterales de estas intervenciones. En junio, se reportó la pérdida de toneladas de productos en campos del norte de California tras una redada similar. El caso de Camarillo amenaza con repetir ese impacto en el sur del estado.
La narrativa oficial, el silencio y el dolor de las familias
Hasta el momento, no se ha confirmado cuántos trabajadores fueron detenidos, ni su estatus migratorio. Tampoco se ha detallado si el operativo tenía como objetivo exclusivo la verificación de empleo, el cultivo de cannabis o la búsqueda de redes de tráfico.
Tres personas fueron trasladadas a hospitales por servicios médicos de emergencia, según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. No se han revelado sus identidades ni los motivos médicos. La cinta amarilla de escena del crimen seguía delimitando la zona horas después del incidente.
¿Un nuevo capítulo en la política migratoria?
La administración actual ha mantenido una postura ambigua frente a la migración, con políticas heredadas del periodo Trump aún activas en muchos frentes. La redada en Camarillo, con uso de fuerza, armas largas y arrestos masivos, revive el trauma colectivo de las comunidades inmigrantes que ven cada día con temor y desconfianza.
El futuro de las personas detenidas, como el padre de Judith, es incierto. Mientras tanto, el campo estadounidense enfrenta un dilema: seguir criminalizando la mano de obra que sostiene la alimentación del país, o repensar una política migratoria humanitaria, ordenada y justa.
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