La mañana del lunes, el Pentágono anunció el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, por un periodo inicial de 60 días. La medida, según el portavoz Sean Parnell, busca proteger instalaciones federales, en particular las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE).
Lo que parecía un operativo de rutina rápidamente se transformó en un nuevo choque político entre el gobierno federal y el estado de Oregon, que presentó una demanda para bloquear la decisión.
Protestas pequeñas, respuesta desproporcionada
Desde junio, las manifestaciones contra ICE en Portland han sido pacíficas, con menos de 30 asistentes en promedio y sin arrestos reportados en semanas. Para el gobernador demócrata de Oregon, el despliegue no responde a una necesidad real, sino a un intento de Donald Trump de normalizar el uso de tropas militares en tareas civiles.
La imagen es clara: soldados en las calles frente a un grupo reducido de manifestantes. Para muchos habitantes de Portland, la medida parece más una estrategia política que una acción de seguridad.
La estrategia de Trump con la Guardia Nacional
No es la primera vez que ocurre. El presidente ya había enviado tropas a Los Ángeles y Washington, ambas ciudades gobernadas por demócratas, lo que levantó sospechas de un uso selectivo y político de la fuerza militar.
En Los Ángeles, el despliegue provocó fuertes protestas en agosto. Ahora, Oregon busca evitar que la historia se repita.
El trasfondo: inmigración y polarización
El debate no es solo sobre seguridad. Para Trump, las redadas contra la inmigración ilegal y la defensa de instalaciones federales son prioridad. Pero para los críticos, la narrativa del presidente se aleja de la realidad en ciudades como Portland, donde las manifestaciones han sido limitadas y no representan un riesgo significativo.
La pregunta que flota es: ¿se trata de proteger al país o de enviar un mensaje político en plena disputa con los gobernadores demócratas?
Una demanda que podría sentar precedente
El gobernador de Oregon sostiene que esta decisión viola la autonomía estatal y busca frenar lo que considera una peligrosa tendencia: la militarización de la política interna. De avanzar en tribunales, este caso podría convertirse en un precedente clave para definir los límites del poder federal en el uso de la Guardia Nacional.
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