La mañana del sábado, Donald Trump rompió el silencio con un mensaje explosivo en Truth Social: ordenó el envío de tropas a Portland, Oregon, para contener las protestas violentas que, según él, amenazan instalaciones federales y oficinas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Su frase fue contundente:
“Se usará toda la fuerza, si es necesario”.
No era la primera vez que Trump desplegaba fuerzas federales, pero sí la primera en que hablaba abiertamente de emplear la fuerza total contra ciudadanos estadounidenses.
Portland: una ciudad bajo tensión
Las protestas en Portland no son nuevas. Desde 2020, tras el asesinato de George Floyd, la ciudad se convirtió en epicentro de marchas contra el racismo, algunas de ellas derivando en disturbios y ataques contra edificios gubernamentales. Para Trump, la situación actual confirma su narrativa:
“Portland está devastada por la guerra”.
La designación de Antifa como “organización terrorista nacional” intensificó el conflicto. Sin embargo, expertos señalan que Antifa no es una entidad formal, sino un movimiento descentralizado de grupos antifascistas que se enfrentan a neonazis y supremacistas blancos.
La orden y su trasfondo político
El mandatario explicó que actuó a petición de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y que instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para coordinar el despliegue. Con esta medida, Trump busca no solo proteger edificios federales, sino enviar un mensaje claro: que su administración no tolerará lo que considera “terrorismo doméstico”.
Su postura tiene un fuerte componente electoral. Desde su primer mandato, Trump ha utilizado la seguridad interna como bandera política, vinculando el caos en ciudades demócratas con la inacción de sus gobernadores y alcaldes.
Antifa: enemigo número uno
Trump acusa a Antifa de liderar una campaña de violencia organizada.
Según sus palabras, “usan medios ilegales para ejecutar terrorismo a nivel nacional”.
Sus aliados en el Congreso han exigido investigaciones financieras para identificar quién financia las protestas.
El debate legal, sin embargo, es intenso. Organizaciones de derechos civiles advierten que declarar a Antifa como terrorista carece de base jurídica, pues no es un grupo estructurado como los que aparecen en la lista del Departamento de Estado.
Gobernadores en pie de guerra
Los gobernadores demócratas no tardaron en reaccionar. JB Pritzker (Illinois) y Gavin Newsom (California) criticaron duramente la medida. Pritzker denunció el uso de agentes federales sin identificación, mientras que Newsom la calificó como un “acto de intimidación política”.
En Washington DC, la alcaldesa Muriel Bowser también rechazó cooperar con el ICE y denunció una “militarización indebida” de las calles. Trump respondió advirtiendo que declarará emergencia nacional si los disturbios persisten.
El dilema de la legalidad
La polémica gira en torno a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al presidente usar fuerzas armadas como policías dentro del país, salvo excepciones específicas. Hasta ahora, la Guardia Nacional había sido la herramienta preferida, pues opera como fuerza de apoyo. El despliegue de tropas regulares abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder presidencial.
Una batalla que trasciende Portland
Más allá de los disturbios, la decisión de Trump refleja una lucha política por el control narrativo de la seguridad en Estados Unidos. Para sus seguidores, representa un líder fuerte que protege al país; para sus críticos, un peligroso precedente de militarización interna.
La pregunta que queda en el aire es si Portland será solo el inicio de una cadena de intervenciones federales en ciudades gobernadas por demócratas.
