La tensión entre California y la Casa Blanca alcanza un nuevo pico.
El gobernador Gavin Newsom exige la retirada inmediata de 2,000 miembros de la Guardia Nacional de Los Ángeles, denunciando que su despliegue es un «teatro político» que debilita la seguridad pública del estado.
Una confrontación de alto calibre sobre el poder militar y los derechos estatales está en pleno apogeo, con el gobernador de California, Gavin Newsom, intensificando sus críticas contra la administración Trump. Newsom ha exigido la retirada inmediata y total de los aproximadamente 2,000 miembros de la Guardia Nacional que permanecen federalizados en Los Ángeles, calificando su presencia como un acto de «teatro político performativo».
«Las mujeres y hombres de la Guardia Nacional de California merecen más que seguir sirviendo como marionetas en el teatro político performativo de Trump y Stephen Miller», declaró Newsom en un comunicado contundente. «Nunca hubo necesidad de que los militares se desplegaran contra civiles en Los Ángeles».
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se hizo eco de este sentimiento, calificando el despliegue de «inapropiado» y subrayando que los miembros de la Guardia tuvieron que dejar sus familias, empleos y estudios para una misión sin un propósito claro.
El costo humano y de seguridad pública
La crítica de Newsom va más allá de la política, señalando un impacto tangible y perjudicial en los servicios públicos de California. Según su oficina, los más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional inicialmente desplegados fueron apartados de sus trabajos civiles esenciales, que incluyen:
- Personal médico y de primera respuesta.
- Agentes de la ley y personal penitenciario.
- Educadores y maestros.
- Especialistas en tecnología y trabajadores agrícolas.
De manera alarmante, Newsom reveló que miembros de la Fuerza de Tarea Antidrogas (Counterdrug Task Force) del estado fueron reasignados por la orden federal para «militarizar Los Ángeles». Esta decisión, según el gobernador, tiene «consecuencias nefastas», ya que debilita los esfuerzos estatales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y confiscar narcóticos ilegales. Este hecho transforma una disputa política abstracta en una cuestión de seguridad comunitaria directa.
La batalla legal y el impacto económico
El enfrentamiento no se limita a las declaraciones públicas. Newsom ha demandado a la administración federal, argumentando que la federalización de la Guardia Nacional viola la soberanía del estado. Su postura ha recibido un respaldo significativo: un grupo bipartidista de 25 exgobernadores presentó un escrito en apoyo a la demanda de Newsom, instando a los tribunales a bloquear lo que consideran una toma de control federal sin precedentes.
«Hacemos un llamado a Trump y al Departamento de Defensa para que pongan fin a este teatro y envíen a todos a casa ahora». – Gavin Newsom, Gobernador de California.
Además, la presencia militar y las redadas de inmigración asociadas han creado un clima de miedo que amenaza con dañar gravemente la economía de California. Un pronóstico de la UCLA Anderson advierte que la economía del estado podría contraerse debido a estos factores. Las estimaciones del gobernador sugieren que las detenciones y deportaciones masivas podrían recortar $275 mil millones de la economía estatal y eliminar $23 mil millones en ingresos fiscales anuales, al afectar a sectores clave como la construcción, la hostelería y la agricultura.
Mientras la mitad de las tropas ha comenzado a desmovilizarse, la demanda de Newsom y Bass es clara: el resto de los soldados deben regresar a sus hogares y a sus funciones vitales, poniendo fin a un despliegue que, según ellos, nunca debió ocurrir.
