Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles. Por miedo a encontrarse con agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras.
«Es terrible», suspira este salvadoreño de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos. «Es un encierro que no se lo deseo a nadie».
Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana. “Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto (…) ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo”, cuenta Alberto, quien se identifica con un seudónimo.
En la arremetida antiinmigrante que comenzó en junio en Los Ángeles, cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidas en las calles o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas.
Videos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados ensañarse con los migrantes. La aparente brutalidad y arbitrariedad de las operaciones desató una ola de protestas, algunas de las cuales derivaron en actos de violencia y vandalismo.
Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que autoridades locales afirmaban tener la situación bajo control.
Una redada en un autolavado, en la que varios de sus amigos fueron arrestados y deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación. Ya no volvió al trabajo. A pesar de ser prediabético, duda de acudir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo.
“Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo”, confiesa. Hace quince años que vive en Estados Unidos y considera que este segundo mandato de Trump “es lo peor de todo”.
Una ciudad paralizada por el miedo
Trump regresó a la Casa Blanca impulsado, en parte, por su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Ángeles, donde viven cientos de miles de trabajadores indocumentados, tomó por sorpresa a la ciudad.
El temor a redadas en paradas de autobús o sitios de trabajo se expandió. En junio, el uso del transporte público cayó 13.5% respecto al mes anterior.
«Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma», describe Norma Fajardo, integrante de CLEAN, una ONG que agrupa a trabajadores de autolavados. Su organización, junto a otras, entrega despensas a quienes permanecen encerrados.
“Esto es muy necesario”, explica Fajardo, una estadounidense de 37 años que considera la situación como “muy triste e indignante”. “La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada”, añade.
Según documentos analizados por AFP, en junio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 2,200 personas en el área de Los Ángeles. El 60% no tenía antecedentes penales.
El Congreso aprobó recientemente una partida multimillonaria para el ICE, que incluye 30 mil millones de dólares destinados a contratar 10 mil agentes adicionales.
“Parece la nueva normalidad”, advierte Fajardo. “La primera vez que supimos de una redada nos sentimos en emergencia. Ahora estamos aceptando que debemos hacer planes a largo plazo”.
Las despensas también se volvieron esenciales para Marisol, una hondureña de 62 años que lleva semanas confinada con doce familiares. «Le damos gracias a Dios constantemente (…) porque ha sido un gran alivio», cuenta.
Tapó sus ventanas con cortinas y prohibió a sus nietos abrir la puerta. Se angustia cada vez que sus hijas salen unas horas a trabajar. “Siempre que ellas salen pido a Dios que regresen, porque no se sabe, ¿verdad? Es aquella incertidumbre”.
Marisol huyó de Honduras hace 15 años por temor a que una pandilla reclutara a sus hijos. Ahora se pregunta si vale la pena seguir en Estados Unidos.
“Mis hijos ya me han dicho: ‘Mami, a veces yo preferiría irme a Europa’”.
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