En tiempos donde los casos migratorios conmueven a la opinión pública, Yuriana Julia Peláez Calderón, una mujer mexicana de 41 años, aprovechó esa sensibilidad con un acto cuidadosamente planeado. Fingió su secuestro y culpó falsamente a agentes del ICE para obtener dinero mediante una campaña de donaciones. Hoy enfrenta hasta 10 años de prisión en Estados Unidos.
Una historia que engañó a muchos
Todo comenzó a fines de junio, cuando la familia Peláez convocó una conferencia de prensa. Afirmaban que Yuriana había sido secuestrada por hombres enmascarados en Los Ángeles y entregada a personal del ICE. Según la versión, fue forzada a firmar su autodeportación y encerrada en un almacén por negarse.
Su hija lanzó una campaña en GoFundMe, pidiendo 4.500 dólares para cubrir “los gastos del secuestro”. La historia tocó fibras sensibles y generó donaciones, cobertura mediática y apoyo comunitario.
El DOJ destapa la verdad
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. investigó el caso cuando notó inconsistencias. La sorpresa fue enorme: la mujer nunca estuvo bajo custodia del ICE ni fue secuestrada. Imágenes de videovigilancia la mostraban entrando por voluntad propia a un vehículo en Bakersfield. No hubo violencia, ni desaparición forzada, ni agentes involucrados.
El fiscal Bill Essayli criticó duramente el engaño, señalando que esta narrativa daña la credibilidad de los verdaderos casos de abuso migratorio y genera desconfianza social.
El plan: de víctima a criminal
Según la acusación, Peláez fabricó imágenes que la mostraban como víctima de maltrato. Estaba planeando una segunda conferencia de prensa con más detalles falsos, para seguir recolectando dinero y obtener beneficios legales como protección migratoria.
La acusación formal incluye conspiración para cometer fraude y declaraciones falsas a autoridades federales, con una pena potencial de hasta 10 años de prisión.
Impacto y consecuencias
Más allá de lo legal, este caso deja una fuerte cicatriz. La comunidad migrante lucha a diario por justicia, y montajes como este desacreditan a quienes verdaderamente sufren abusos. Además, afecta la percepción de los agentes del ICE, en un contexto ya tenso y polarizado.
El DOJ enfatizó que este caso es un ejemplo de cómo la desinformación puede tener un efecto devastador tanto en lo jurídico como en lo social.
