La ciudad de Miami se enfrenta a una decisión crucial: su comisión votará hoy si aprueba un acuerdo con ICE, conocido como 287(g), que permitiría a la policía local actuar como agentes de inmigración. La medida, ya vigente en ciudades como Doral y Hialeah, genera una profunda división en la comunidad.
El futuro de la política migratoria a nivel local se decide hoy en el ayuntamiento de Miami. Los comisionados de la ciudad votarán una propuesta para unirse al controvertido programa federal 287(g), un acuerdo que autorizaría a los oficiales del Departamento de Policía de Miami a ejercer funciones de agentes de inmigración federales.
La votación pone a Miami en el epicentro de un debate nacional que tiene consecuencias directas y profundas para su vasta comunidad inmigrante. La decisión podría cambiar drásticamente la relación entre los residentes y las fuerzas del orden.
¿Qué es el Programa 287(g)?
El programa 287(g), administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), delega autoridad migratoria federal a las agencias policiales estatales y locales. Si se aprueba, los policías de Miami que reciban la capacitación correspondiente tendrían el poder de interrogar a personas sobre su estatus migratorio, arrestarlas y detenerlas por presuntas violaciones de la ley de inmigración, a menudo sin necesidad de una orden judicial.
Ciudades vecinas en el condado de Miami-Dade, como Doral, Coral Gables, Hialeah y Sweetwater, ya han adoptado acuerdos similares, lo que ha intensificado la presión y el debate en Miami.
Una Comunidad Dividida
La propuesta ha fracturado a la opinión pública. Por un lado, sus defensores, incluyendo al alcalde de la ciudad, argumentan que el acuerdo es una herramienta necesaria para colaborar con las autoridades federales y hacer cumplir las leyes de inmigración, contribuyendo a la seguridad pública.
Por otro lado, una coalición de grupos de derechos civiles y defensa de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Family Action Network Movement (FANM), se oponen firmemente. Advierten que el programa 287(g) tiene un historial documentado de fomentar el perfilamiento racial, dar lugar a violaciones de derechos civiles y erosionar la confianza vital entre la comunidad y la policía.
«Los acuerdos 287(g) no nos hacen más seguros; crean desorden bajo la ilusión de seguridad. Tienen un historial bien documentado de perfilamiento racial, violaciones de derechos civiles y litigios costosos.» – Bacardi Jackson, ACLU de Florida.
Los opositores sostienen que si los inmigrantes, incluidas las víctimas y testigos de delitos, temen que cualquier contacto con la policía pueda llevar a su deportación, dejarán de denunciar crímenes, lo que en última instancia haría a la ciudad menos segura para todos.
Además, señalan que la implementación del programa podría tener un impacto económico negativo, exponiendo a la ciudad a costosas demandas legales y afectando a sectores clave como el turismo y la construcción, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. La decisión que tomen hoy los comisionados de Miami no solo definirá su política migratoria, sino que también enviará un poderoso mensaje sobre la identidad de una ciudad construida por inmigrantes.
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