Una jueza federal ha ordenado a la administración Trump detener las redadas de inmigración en Los Ángeles y otros seis condados de California, dictaminando que las tácticas de ICE equivalen a un perfilamiento racial inconstitucional.
En una contundente victoria para los grupos de derechos civiles y un significativo revés para las políticas de inmigración de la administración Trump, una jueza federal ha emitido una orden que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar detenciones basadas en la apariencia racial o el idioma de una persona en Los Ángeles y otros seis condados del sur de California.
La Decisión Histórica de la Jueza Maame E. Frimpong
La orden de restricción temporal, emitida por la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, es una respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa de inmigrantes. El fallo prohíbe explícitamente a los agentes de ICE basar sus sospechas para una detención en factores como:
- La «aparente raza o etnia» de una persona, específicamente si «parece hispana».
- El hecho de que alguien esté «hablando español o inglés con acento».
- La ropa de trabajo de una persona, como la de construcción.
- Su simple presencia en lugares como lavaderos de autos, paradas de autobús o sitios de recogida de jornaleros.
La jueza determinó que los agentes deben tener una «sospecha razonable» de que una persona se encuentra en el país en violación de la ley de inmigración, y que los factores mencionados anteriormente, por sí solos, no cumplen con ese estándar constitucional.
«Una Montaña de Evidencia»: Los Argumentos de la ACLU
La decisión de la jueza se basó en lo que describió como «una montaña de evidencia» presentada por la ACLU, que argumentaba que ICE estaba llevando a cabo una campaña de perfilamiento racial sistemático. La demanda documentaba numerosos casos en los que agentes federales detenían a personas basándose únicamente en su color de piel o su ascendencia latina.
Uno de los ejemplos más citados en la demanda fue una redada en un lavadero de autos, donde todos los trabajadores fueron detenidos excepto dos empleados blancos. La demanda también acusaba a ICE de realizar redadas sin órdenes judiciales y de negar a los detenidos el acceso a representación legal, en violación de sus derechos constitucionales.
«No importa el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales.» – Mohammad Tajsar, abogado de la ACLU.
La Reacción de la Administración: Negación y Desafío
La administración Trump ha negado rotundamente las acusaciones. El Departamento de Seguridad Nacional calificó las afirmaciones de la demanda como «categóricamente FALSAS». Tras el fallo, la retórica del gobierno se ha endurecido. El presidente Trump declaró que había ordenado a sus funcionarios de seguridad fronteriza que usaran «cualquier medio que sea necesario» para arrestar a los manifestantes que se enfrenten a los agentes de ICE en el futuro.
Esta postura crea un campo de batalla legal y operativo inmediato, donde los agentes de ICE en el terreno se encuentran atrapados entre una orden judicial federal que limita sus acciones y la presión política de sus superiores para continuar con una aplicación de la ley agresiva.
¿Qué Significa Esto para los Angelinos? El Futuro Inmediato
Para la vasta comunidad latina y mexicoamericana de Los Ángeles, el fallo representa un respiro y una validación legal de sus quejas. En la práctica, significa que los agentes de ICE ahora operan bajo un mayor escrutinio y deben justificar sus detenciones con pruebas más sólidas que la simple apariencia de una persona.
Sin embargo, la decisión también augura un período de mayor tensión y posibles confrontaciones, tanto en los tribunales, donde es probable que el gobierno apele el fallo, como en las calles de Los Ángeles, donde el debate sobre la inmigración y los derechos civiles sigue siendo un tema central y profundamente personal.
TE PODRÍA INTERESAR