Suspensión temporal de la expansión
La jueza federal Kathleen Williams emitió el jueves una orden preliminar que detiene la expansión del centro de detención de inmigrantes ubicado en medio de los Everglades, conocido como Alcatraz de los Caimanes. La medida formaliza la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras se realizaban audiencias para evaluar el impacto ambiental y social del proyecto.
La jueza indicó que espera una reducción de la población del centro en 60 días, mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, para posteriormente retirar cercas, iluminación y generadores de la obra.
Controversia y oposición de activistas
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentan que el centro viola leyes ambientales y pone en riesgo humedales sensibles, hogar de especies protegidas como la pantera de Florida, además de revertir esfuerzos de restauración ambiental multimillonarios.
Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, declaró que la escorrentía de nutrientes del centro podría alterar la vegetación, matar peces y afectar la movilidad de humanos y fauna en áreas colindantes.
Condiciones críticas para los detenidos
El centro alberga actualmente a varios cientos de inmigrantes, aunque fue diseñado para hasta tres mil en carpas temporales. Los internos denuncian hacinamiento extremo, comida con gusanos, inodoros inoperables y aguas residuales que inundan los pisos.
El calor extremo se combina con fallas en los aires acondicionados, mientras los detenidos solo pueden comunicarse vía telefónica con abogados y familiares, enfrentando días sin ducharse o recibir medicamentos esenciales.
Construcción acelerada y responsabilidades legales
El centro fue construido en apenas dos meses en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista, y el pavimento adicional de al menos 8 hectáreas podría incrementar la escorrentía de químicos hacia los Everglades.
El gobierno estatal de Florida, liderado por Ron DeSantis, se encargó de la construcción, pero los abogados de los activistas y la tribu argumentan que las agencias federales, responsables de la inmigración, debieron cumplir con la ley ambiental federal.
David Kerner, director del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, defendió que el centro busca reducir el hacinamiento en instalaciones federales y estatales, aunque la jueza Williams reconoció que existe una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.
Demandas legales y derechos constitucionales
Mientras tanto, los grupos de derechos civiles presentan demandas por violaciones a los derechos de los detenidos: prohibición de contacto con abogados, retención sin cargos y cancelación de audiencias de fianza.
Aunque un juez federal en Miami desestimó parcialmente la demanda, los litigios continúan en otras jurisdicciones, mientras se evalúa la legalidad de la construcción y operación del centro en los Everglades.
Futuro del centro de detención
El presidente Donald Trump había visitado la instalación y sugirió que podría servir de modelo para otros centros en EE.UU., mientras DeSantis planea construir un segundo centro de detención en el norte de Florida.
La suspensión de la jueza Williams representa un triunfo parcial para activistas ambientales y defensores de derechos humanos, quienes buscan garantizar que la expansión de la infraestructura migratoria cumpla con estándares legales y de protección ambiental.
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