Una jueza federal en Estados Unidos bloqueó este sábado la orden del expresidente Donald Trump que buscaba desplegar a la Guardia Nacional en Portland, Oregón, para controlar lo que describió como un incremento de la migración irregular y disturbios civiles. La decisión judicial representa un nuevo límite al uso del poder presidencial en cuestiones de seguridad interna, especialmente en contextos sin emergencia comprobada.

El fallo que frena el despliegue militar

La jueza de distrito Karin Immergut determinó que el presidente y los funcionarios federales tienen “prohibido temporalmente” realizar el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, con una medida que permanecerá vigente hasta el 18 de octubre de 2025.

En su resolución, Immergut explicó que las manifestaciones y protestas registradas en la ciudad no constituyen un peligro de rebelión ni justifican el uso de tropas bajo mando federal. Según el fallo, el “cuerpo de seguridad regular”, es decir, la policía local y estatal, cuenta con la capacidad suficiente para manejar los incidentes recientes sin requerir intervención militar.

La jueza enfatizó que las facultades presidenciales para enviar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense están limitadas por la Ley de Insurrección y solo pueden aplicarse en circunstancias excepcionales. “El mero desorden público o las tensiones sociales no equivalen a una insurrección”, señaló Immergut en su escrito.

Contexto de la orden presidencial

A finales de septiembre, el expresidente Donald Trump anunció su intención de movilizar unidades de la Guardia Nacional en Portland y otras ciudades del noroeste estadounidense. La medida se justificó como parte de una estrategia para combatir la migración irregular y restaurar lo que denominó “orden y soberanía interna”.

El anuncio provocó amplias críticas de gobernadores, alcaldes y organizaciones de derechos civiles, que consideraron la acción como una intromisión federal en los asuntos estatales. En Oregón, la gobernadora y el ayuntamiento de Portland presentaron una demanda de emergencia ante los tribunales federales, argumentando que el despliegue violaba los principios de autonomía estatal y carecía de justificación legal.

La jueza Immergut dio la razón a las autoridades locales, destacando que la situación “no alcanzaba el nivel de amenaza o violencia” que autorizaría la movilización de tropas.

Reacciones políticas y legales

El fallo generó una división inmediata entre los actores políticos. Portavoces cercanos a Trump calificaron la decisión como “un acto de obstrucción judicial” que, según ellos, “pone en riesgo la seguridad nacional”. En contraste, líderes demócratas y defensores de derechos humanos celebraron la resolución como una victoria para el federalismo y el Estado de derecho.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, declaró que la medida judicial “restaura un poco de cordura y respeta la autoridad de las instituciones locales”. También recordó que durante su presidencia, Trump ya había enviado agentes federales a la ciudad durante las protestas de 2020, lo que derivó en confrontaciones violentas y múltiples denuncias por abuso de poder.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) destacaron que el fallo reafirma los límites constitucionales al poder presidencial, evitando el uso político de las fuerzas armadas en territorio nacional.

Implicaciones más amplias del caso

El bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Portland podría tener repercusiones significativas en la interpretación de las leyes de seguridad interna en Estados Unidos. Expertos en derecho constitucional explican que esta resolución “marca un precedente sobre los límites del Ejecutivo para militarizar la respuesta ante conflictos civiles”.

El profesor de derecho David Cole, de la Universidad de Georgetown, señaló que “la jueza Immergut recordó al país que las herramientas militares no son la solución para las tensiones sociales ni para los desafíos migratorios”. Añadió que, si bien el presidente puede actuar ante emergencias, “debe demostrar que la amenaza es real, inminente y fuera del control de las autoridades locales”.

La Casa Blanca aún no ha confirmado si apelará la decisión, aunque fuentes cercanas al equipo legal de Trump indicaron que están “evaluando opciones legales” para revertir la medida antes del 18 de octubre.

Portland, una ciudad acostumbrada a la resistencia civil

Portland ha sido durante la última década uno de los epicentros de la protesta social en Estados Unidos. Desde las movilizaciones contra la brutalidad policial en 2020 hasta las recientes manifestaciones medioambientales, la ciudad se ha caracterizado por un fuerte activismo ciudadano y una relación tensa con las fuerzas del orden federales.

Para muchos residentes, el intento de Trump de enviar tropas fue interpretado como un intento de intimidar a la oposición política más que como una medida de seguridad. “Lo que se necesita aquí no son soldados, sino diálogo y políticas sociales”, comentó en medios locales la activista comunitaria Marisa Johnson.

Un recordatorio de los límites del poder presidencial

El fallo de la jueza Karin Immergut envía un mensaje claro: el uso de la Guardia Nacional no puede emplearse como herramienta política ni sin causa legítima. La decisión subraya la importancia de respetar el equilibrio entre el gobierno federal y los estados, especialmente en un año de polarización y tensiones sociales.

Mientras se espera la apelación, la medida representa una victoria temporal para Portland y un recordatorio de que, incluso frente al poder presidencial, las instituciones judiciales mantienen su capacidad de freno y contrapeso.