En un giro que ha encendido alarmas entre defensores de derechos civiles, una coalición de fiscales generales de 15 estados, encabezada por Nueva York, California y Hawái, presentó una demanda federal contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por intentar suspender el acceso a tratamientos médicos de reafirmación de género para menores de edad.
La querella, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, impugna una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de enero de 2025. En ella, el mandatario republicano prohíbe el financiamiento, promoción y apoyo a cualquier forma de transición de género en jóvenes, incluyendo bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías. Además, instruye al Departamento de Justicia (DOJ) a investigar penalmente a médicos y centros de salud que ofrezcan estos servicios.
“Una amenaza directa contra la salud de menores trans”
“La Administración está tratando de imponer ilegalmente una prohibición nacional a la atención médica de reafirmación de género, intimidando a proveedores con amenazas penales”, se lee en la demanda.
Los fiscales aseguran que esta política viola derechos constitucionales, atenta contra la autonomía médica y crea un ambiente de miedo e incertidumbre que pone en peligro la vida de jóvenes transgénero en todo el país.
Cancelaciones masivas en clínicas de Nueva York
Una de las consecuencias inmediatas de la orden ejecutiva de Trump ha sido la cancelación abrupta de citas médicas relacionadas con la transición de género. En Nueva York, varios centros de salud considerados clave han dejado de ofrecer servicios a menores trans, argumentando temor a represalias legales por parte del DOJ.
“El efecto ha sido devastador”, advirtió Letitia James, fiscal general del estado. “El gobierno federal está atacando sin piedad a jóvenes que ya enfrentan barreras enormes solo por querer ser quienes son.”
“Medidas agresivas” del Departamento de Justicia
La demanda también señala que el Departamento de Justicia ha tomado acciones agresivas para hacer cumplir la orden presidencial, incluyendo el requerimiento de información privada de pacientes y el inicio de investigaciones contra clínicas y profesionales médicos.
“Esto no es solo una cuestión política, es una amenaza real a la privacidad, la salud y la vida de miles de jóvenes”, afirmó Rob Bonta, fiscal general de California.
Sin respaldo legal: denuncian abuso de poder
Los fiscales insisten en que ninguna ley federal prohíbe los tratamientos de reafirmación de género, y denuncian que la Administración Trump está utilizando el poder ejecutivo para violar derechos fundamentales y aplicar una agenda ideológica a costa de la salud pública.
Por ello, piden al tribunal anular la orden ejecutiva y emitir una medida cautelar que impida su aplicación mientras avanza el proceso legal.
¿Una batalla que llegará a la Corte Suprema?
Este caso podría marcar un precedente histórico. La pugna legal entre estados y la Administración Trump sobre la atención médica para personas trans podría escalar hasta la Corte Suprema, reavivando el debate sobre la autonomía corporal, los derechos LGBTQ+ y los límites del poder presidencial.
Organizaciones como Human Rights Campaign y American Civil Liberties Union (ACLU) han expresado su apoyo a la demanda, calificando la orden como una forma de discriminación institucionalizada que contradice estándares médicos y éticos internacionales.
