La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su guerra contra las «ciudades santuario» al presentar una demanda federal contra Los Ángeles, acusando a la ciudad de obstruir la aplicación de la ley de inmigración y de ser la causa directa de la anarquía y la violencia.
La batalla ideológica y legal entre el gobierno federal y las llamadas «ciudades santuario» ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. La administración Trump ha presentado una demanda formal en un tribunal de distrito de EE.UU. contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el concejo municipal, en lo que representa el ataque más directo hasta la fecha contra las políticas que limitan la cooperación local con las autoridades federales de inmigración.
La Demanda Federal: «Obstrucción Deliberada» y «Caos»
El documento legal presentado por el Departamento de Justicia es contundente. Acusa a la ordenanza de «ciudad santuario» de Los Ángeles de ser «ilegal» y de violar la Constitución al impedir deliberadamente que la policía local comparta información o utilice recursos de la ciudad para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración federal.
La demanda va un paso más allá y vincula de manera directa y controvertida estas políticas con los recientes disturbios y protestas que han tenido lugar en la ciudad. El texto afirma que «la consecuencia práctica de la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración ha sido, desde el 6 de junio de 2025, la anarquía, los disturbios, los saqueos y el vandalismo».
La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, reforzó esta narrativa en una declaración, afirmando que «las políticas de santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles».
La Respuesta de Los Ángeles: «No Ayudaremos a Trump a Separar Familias»
Los líderes de Los Ángeles han reaccionado con firmeza, prometiendo una defensa legal vigorosa y calificando la demanda como un ataque político con motivaciones ideológicas.
El concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los autores de la ley de santuario de la ciudad, emitió una declaración desafiante: «Trump está destrozando familias y está tratando de forzar a cada ciudad y pueblo a ayudarlo a llevar a cabo su agenda nacionalista blanca. Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que Donald Trump deporte a familias inocentes».
Por su parte, la oficina del fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, aseguró que la ordenanza fue «cuidadosamente redactada» para cumplir con la ley federal y respetar los principios constitucionales que separan los poderes del gobierno estatal y federal. Un portavoz afirmó que «nuestra ciudad sigue comprometida con la defensa de nuestros derechos constitucionales y los derechos de nuestros residentes».
«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a las familias unidas.» – Concejal de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez.
Contexto Nacional: Una Estrategia Repetida
Esta acción legal no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para presionar a las jurisdicciones que se resisten a sus políticas migratorias. Se han presentado demandas similares contra otros estados y ciudades con políticas de santuario, como Nueva York, Nueva Jersey y Colorado.
La demanda se produce en un momento de máxima tensión en el sur de California, donde las redadas de ICE se han intensificado en las últimas semanas, resultando en cientos de arrestos y provocando protestas masivas que, en ocasiones, han derivado en enfrentamientos y actos de vandalismo. Esta batalla legal en Los Ángeles se perfila como un caso clave que podría definir los límites del poder federal y los derechos de los gobiernos locales en materia de inmigración.
