El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió su evaluación anual de derechos humanos y concluye que en México persisten “abusos significativos” junto con tasas “extremadamente bajas” de enjuiciamiento.
Los señalamientos incluyen homicidios y detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y tratos crueles, así como restricciones a la libertad de expresión y agresiones contra periodistas y sindicalistas.
El documento subraya que grupos delictivos —narcotráfico y pandillas locales o trasnacionales— son perpetradores centrales de homicidios, secuestros, extorsión y sobornos. Aunque hubo procesos contra algunos responsables, la mayoría de los casos no avanzó a investigación o juicio.
Entre los hechos citados está la masacre del 31 de marzo de 2024 en Chiapas, con reportes de entre 10 y 25 civiles asesinados, documentada por organizaciones como el Centro Fray Bartolomé de las Casas y el Centro Prodh.
También dedica espacio al riesgo para la prensa: registra cinco periodistas asesinados y hostigamiento específico hacia mujeres comunicadoras. En contraste, reconoce avances en materia laboral derivados de la reforma de 2019.
¿Qué cambió en el reporte 2024 y por qué importa?
La sección dedicada a México se redujo de 58 páginas (2023) a 20 (2024). Recortes similares se aplicaron a Cuba (de 51 a 16), Venezuela (de 76 a 28), Israel (de 103 a 16) y El Salvador (de 44 a 11). Fuentes mediáticas atribuyen el retraso en la publicación y la edición a ajustes de enfoque político bajo la actual administración en Washington.
El capítulo mexicano mantiene una sección sobre antisemitismo, pero omite apartados que antes abordaban abusos contra mujeres, población LGBT+ e indígenas. Diversos pasajes insisten en que la impunidad sigue siendo un obstáculo sistémico: fuerzas de seguridad involucradas en muertes arbitrarias rara vez enfrentan cargos, y las desapariciones forzadas vinculadas al crimen organizado continúan sin resolverse.
En síntesis, el informe dibuja un doble déficit: violencia criminal persistente y una respuesta institucional insuficiente para investigar y sancionar. Al mismo tiempo, apunta a reformas puntuales como señales positivas, sin que éstas reviertan la tendencia general de impunidad.
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