El gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones Gerald Ford —el más grande del mundo— y tres destructores hacia la zona operativa del Comando Sur, que abarca Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La medida, comunicada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, responde a la estrategia oficial de “desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico” en la región. El grupo de ataque del Ford suma cerca de 4,500 marineros y nueve escuadrones aéreos; su totalidad incluye cinco destructores, de los cuales solo tres se destinarán al hemisferio sur.
Más presencia militar y tensiones regionales
El anuncio eleva significativamente la huella militar estadounidense en aguas donde ya operan más de ocho buques de guerra con más de 6,000 efectivos desplegados frente a costas de Venezuela y Colombia. El refuerzo llega horas después de que el ejército estadounidense atacara otra embarcación en aguas internacionales, acción que, según el Pentágono, dejó seis personas muertas y que forma parte de una serie de bombardeos que ya suman 43 fallecidos desde el inicio de las operaciones contra embarcaciones en la región.
Pete Hegseth afirmó que los servicios de inteligencia tenían indicios de que la lancha atacada participaba en contrabando de drogas y vinculó la acción con el Tren de Aragua; no obstante, no presentó pruebas públicas que lo acrediten. En un tono combativo, el secretario advirtió que Washington tratará a quienes trafiquen drogas en el hemisferio como “narcoterroristas” y prometió perseguir y eliminar esas rutas y actores. El Pentágono difundió un video en blanco y negro que muestra la explosión de una lancha a alta velocidad.
Reacciones y riesgos diplomáticos
La escalada preocupa a gobiernos regionales y diplomáticos. Celso Amorim, asesor del presidente brasileño, alertó sobre el uso de la fuerza y métodos clandestinos que podrían tener “consecuencias profundas y muy graves” en la región, subrayando la falta de evidencias públicas sobre la supuesta relación de las embarcaciones atacadas con grupos criminales. La tensión plantea un dilema entre operaciones militares extraterritoriales y los riesgos de un conflicto que trascienda fronteras, mientras comunidades y gobiernos exigen explicaciones y mayor transparencia sobre las acciones en aguas internacionales.


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