La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Pacífico oriental continúa generando controversia. Este lunes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que otras seis personas murieron en ataques contra presuntas lanchas de narcotraficantes, elevando a 76 el número total de fallecidos desde el inicio de la operación militar.

Los ataques, realizados el domingo, se dirigieron contra dos embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos, cada una con tres tripulantes. “Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, detalló Hegseth a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Ofensiva en aguas internacionales

De acuerdo con el comunicado, los ataques tuvieron lugar en aguas internacionales del Pacífico, como parte de una serie de operativos que Washington ha llevado a cabo desde septiembre tanto en el Pacífico como en el Caribe.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha destruido 19 lanchas rápidas y un sumergible, y solo dos personas han sobrevivido, las cuales fueron repatriadas a Ecuador y Colombia.

En los videos difundidos por el propio Hegseth, se observa una de las embarcaciones impactadas y paquetes presuntamente con narcóticos a bordo, aunque las autoridades no han presentado pruebas concluyentes ni revelado las identidades de los fallecidos.

El secretario aseguró que las embarcaciones atacadas eran “operadas por organizaciones designadas como terroristas”, aunque no especificó cuáles.

Trump declaró “conflicto armado” contra los cárteles latinoamericanos

El expresidente Donald Trump justificó los ataques en una carta enviada al Congreso, en la que declaró a Estados Unidos en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos.

Con esa declaración, la administración busca amparar legalmente los ataques bajo el argumento de defensa nacional y lucha contra el terrorismo, lo que ha despertado un amplio debate entre expertos en derecho internacional y derechos humanos.

Críticas y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales

Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por la naturaleza de estas operaciones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que existen “fuertes indicios” de violaciones al derecho internacional.

“He pedido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”,
señaló Türk en declaraciones a la agencia AFP.

Según especialistas, incluso si los objetivos fueran narcotraficantes, la destrucción total de embarcaciones sin un debido proceso judicial podría constituir una ejecución extrajudicial, prohibida por tratados internacionales.

Despliegue militar en el Caribe

Como parte de la ofensiva, Estados Unidos ha desplegado seis buques de guerra en el Caribe, medida que el gobierno de Venezuela calificó como un intento de presionar o desestabilizar al presidente Nicolás Maduro bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

En los próximos días, se espera la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, uno de los buques insignia de la Armada estadounidense, lo que marca un aumento significativo de la presencia militar en la región.

Debate sobre la legalidad de la ofensiva

La estrategia de Washington ha sido duramente criticada por analistas, juristas y organizaciones humanitarias, quienes advierten que el uso de fuerza letal sin juicios previos representa una grave violación de las normas internacionales.

Aunque Estados Unidos justifica las operaciones bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y frenar el tráfico de drogas, los resultados —76 muertos y ninguna prueba pública de narcóticos— han incrementado las dudas sobre la transparencia y legitimidad de esta ofensiva.

La reciente escalada militar de Estados Unidos contra presuntas “narcolanchas” abre un nuevo frente de tensión diplomática y legal. Mientras el gobierno estadounidense insiste en su lucha contra el narcotráfico, organismos internacionales reclaman una investigación independiente que determine si estos ataques violan los derechos humanos o constituyen ejecuciones extrajudiciales.