Un cierre que golpea a Estados Unidos
Estados Unidos enfrenta de nuevo un cierre administrativo del gobierno federal. La medianoche de este miércoles marca el inicio de una parálisis presupuestaria tras el fracaso en el Senado, que no alcanzó los 60 votos necesarios para aprobar un plan de financiamiento provisional.
La consecuencia inmediata es devastadora: cientos de miles de funcionarios públicos quedarán sin salario y muchos servicios federales se suspenderán hasta nuevo aviso. El impacto será económico, político y social, reviviendo fantasmas del último shutdown, ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, que duró 35 días y costó 11 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto.
La raíz del conflicto
El choque entre demócratas y republicanos se centra en la política sanitaria. Los senadores demócratas exigen mantener los subsidios del programa Obamacare y revertir recortes en Medicaid, mientras que la bancada republicana se mantiene firme en su reforma fiscal y en los ajustes al presupuesto propuestos por la administración Trump.
La propuesta republicana buscaba extender temporalmente el financiamiento hasta noviembre, pero no logró el apoyo necesario. La negativa demócrata se debe al temor de que el recorte en programas sociales erosione el sistema de salud pública y afecte a millones de estadounidenses de bajos recursos.
Consecuencias inmediatas
El cierre afecta de manera directa a unos 750 mil empleados federales considerados no esenciales, que serán suspendidos sin sueldo, lo que representa una pérdida estimada de 400 millones de dólares en ingresos familiares.
Los trabajadores esenciales, como militares y cuerpos de seguridad, continuarán en sus funciones, pero también sin recibir salario mientras dure el shutdown.
Los servicios federales como parques nacionales, oficinas administrativas y prestaciones sociales se verán interrumpidos, mientras que programas de ayuda como el de alimentación escolar quedarán en riesgo si el cierre se prolonga.
El impacto político y electoral
Más allá de lo económico, el shutdown es un golpe político en plena antesala de las elecciones legislativas de 2026. Ambas bancadas saben que el electorado castiga con dureza estas parálisis, percibidas como muestra de incapacidad de diálogo y gobernabilidad.
Los republicanos culpan a los demócratas de bloquear el presupuesto por intereses partidistas, mientras que los demócratas señalan a Trump y a su partido de intentar desmantelar el sistema sanitario estadounidense.
El propio Trump declaró desde la Casa Blanca: “Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce”. Sus palabras buscan trasladar la responsabilidad a la oposición, en un juego de culpas que recuerda los cierres anteriores.
La historia se repite
En marzo, cuando la amenaza de cierre ya estaba latente, algunos senadores demócratas cedieron ante la presión y aprobaron un plan de emergencia republicano. Sin embargo, esa concesión enfureció a la base progresista, que exige a sus líderes resistir cualquier intento de desmantelar los programas sociales.
Ahora, la confrontación se endurece. Ningún partido cede terreno, y Estados Unidos se encamina hacia un shutdown con consecuencias aún más graves que las registradas en 2018. Analistas señalan que cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB en 0.2 puntos porcentuales, un golpe directo a la economía de la primera potencia mundial.
El futuro del shutdown
La incertidumbre domina el panorama. El cierre no solo afecta a los trabajadores y a los servicios básicos, sino que también genera inestabilidad en los mercados financieros y pone en entredicho la capacidad de gestión del Congreso.
El costo político para Trump y para los líderes demócratas será inevitable. El desenlace de este conflicto marcará el tono de la campaña rumbo a las elecciones legislativas, donde estará en juego la mayoría en el Congreso y, con ella, la capacidad de gobernar el país.
