La tensión política en Washington ha escalado luego de que 23 estados y el Distrito de Columbia demandaran a la Administración del expresidente Donald Trump para evitar la suspensión de la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que brinda alimentos a más de 42 millones de estadounidenses.
El Departamento de Agricultura (USDA) anunció el fin de semana que no podrá financiar el programa si el cierre del gobierno federal continúa en noviembre, lo que amenaza con dejar sin apoyo a millones de hogares en situación vulnerable.
California y Massachusetts lideran la demanda
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, fue impulsada por California y Massachusetts, los estados más golpeados por la suspensión de los fondos.
Los fiscales generales argumentan que la decisión del USDA viola la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que los fondos del programa SNAP ya habían sido aprobados por el Congreso.
“Suspender los beneficios SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario”, señala el documento legal presentado por los estados.
En California, más de 5.5 millones de personas dependen de estos cupones de alimentos. Del total, el 63.2% son niños o adultos mayores, los sectores más vulnerables ante el aumento de los precios y la inseguridad alimentaria.
Newsom: “Millones viven con miedo e incertidumbre”
El gobernador Gavin Newsom criticó la postura de la administración Trump, señalando que “retener una asistencia que ya fue financiada es inhumano”.
“La decisión de retener la ayuda alimentaria ha dejado a millones de estadounidenses con miedo e incertidumbre”, declaró Newsom.
Mientras tanto, los demócratas en el Congreso solicitaron a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, que libere 5 mil millones de dólares de fondos de emergencia para cubrir el déficit temporal. Sin embargo, Rollins se negó, argumentando que esos recursos podrían ser necesarios ante desastres naturales.
Debate político en el Congreso
El bloqueo ha generado fricciones incluso dentro del Partido Republicano, que busca una solución temporal para evitar el cierre total del gobierno federal.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes con mayoría republicana fue rechazado por el Senado por decimotercera vez, lo que intensifica la incertidumbre política y económica.
El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que el USDA tiene la obligación legal de usar todos los fondos disponibles para garantizar los beneficios del SNAP.
“No es una cuestión de voluntad política, sino de cumplimiento de la ley”, subrayó Bonta.
¿Qué estados demandaron a Trump?
Además de California y Massachusetts, la demanda fue respaldada por:
- Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
- También se sumaron Kansas, Kentucky, Pensilvania y el Distrito de Columbia.
La acción conjunta representa uno de los mayores desafíos legales a la administración Trump en el contexto de un cierre de gobierno, y busca garantizar la seguridad alimentaria de millones de familias que dependen de este programa para subsistir.
El impacto del SNAP en la vida de los estadounidenses
El programa SNAP, conocido como “cupones de comida”, ha sido un pilar contra la pobreza en Estados Unidos desde su creación. Solo en 2024, más del 12% de la población recibió asistencia mensual.
Suspender sus beneficios podría incrementar drásticamente los niveles de hambre y pobreza, especialmente en comunidades rurales, adultos mayores y familias monoparentales.
Una batalla por la justicia social
Mientras el país observa el desenlace legal, los gobernadores y fiscales estatales insisten en que esta demanda no solo busca preservar un programa, sino defender el derecho básico a la alimentación.El caso podría sentar un precedente histórico sobre los límites del poder ejecutivo frente a los programas sociales aprobados por el Congreso.
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