Chicago enfrenta una controversia: tres concejales exigen una investigación formal para determinar si la policía local (CPD) colaboró con agentes de ICE durante una redada el 4 de junio, lo que podría violar la Ordenanza de Bienvenida de la ciudad y agravar la tensión en las comunidades inmigrantes.
La ciudad de Chicago, conocida por sus políticas de «ciudad santuario», se encuentra en el centro de una polémica que pone a prueba la relación entre la policía local y las agencias federales de inmigración.
Este 10 de junio de 2025, ha cobrado fuerza el llamado de tres concejales para que se investigue a fondo la actuación del Departamento de Policía de Chicago (CPD) durante una operación de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) realizada el pasado 4 de junio en el barrio de South Loop, donde al menos diez personas fueron arrestadas.
La Controversia: ¿Violación de la Ordenanza Santuario?
Los concejales Andre Vasquez (presidente del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados), Anthony Quezada y Maria Hadden han introducido una orden en el Concejo Municipal para determinar si los oficiales de CPD violaron la Ordenanza de Bienvenida de Chicago.
Esta ordenanza prohíbe explícitamente a la policía de la ciudad ayudar en operaciones de inmigración civil, lo que incluye establecer perímetros de seguridad o proporcionar apoyo logístico en el lugar de los hechos.
El incidente en cuestión ocurrió en las afueras de las oficinas del Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia (ISAP, por sus siglas en inglés).
Testigos y activistas reportaron haber visto vehículos y oficiales de CPD tanto dentro como fuera del edificio mientras los agentes de ICE, algunos enmascarados, procedían con los arrestos. Según se informa, las personas detenidas habían recibido mensajes de texto citándolas para «chequeos sorpresa» en esa ubicación.
Versiones Contrapuestas
La respuesta oficial del CPD es que sus oficiales actuaron en todo momento de acuerdo con la política del departamento y el código municipal. Un portavoz policial, Tom Ahern, afirmó que los agentes estaban en el lugar para «garantizar la seguridad de todos los involucrados», incluyendo a los manifestantes que se congregaron para protestar por los arrestos, y que no se realizaron detenciones por parte de CPD.
Posteriormente, el departamento añadió que los oficiales respondieron a dos llamadas de «asistencia a un oficial de policía» y que llegaron al lugar «sin conocimiento de que se estuviera llevando a cabo una actividad de control de inmigración».
Sin embargo, líderes comunitarios y organizaciones como la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) han expresado su profunda preocupación por el «nivel de presencia y aparente apoyo de CPD» a las acciones de ICE. Estos grupos también han solicitado al Fiscal General de Illinois, Raoul Kwame, que investigue si la policía de Chicago violó la Ley de Confianza de Illinois (Illinois Trust Act), una ley estatal santuario con prohibiciones similares.
«Todas las acciones tomadas por CPD durante este incidente estuvieron de acuerdo con la política de CPD y el Código Municipal de la Ciudad de Chicago. CPD no realizó arrestos y la multitud se dispersó sin incidentes.» – Portavoz del Departamento de Policía de Chicago.
El Impacto en Comunidades como Pilsen y Little Village
Esta controversia local se produce en un momento de alta sensibilidad para las comunidades inmigrantes de Chicago, como Pilsen y Little Village, que ya sienten el impacto indirecto de las redadas de ICE a gran escala en otras partes del país, como Los Ángeles.
La mera percepción de que la policía local podría estar colaborando con ICE, intencionalmente o no, puede erosionar gravemente la confianza construida durante años, disuadiendo a los inmigrantes de denunciar delitos o buscar ayuda policial por temor a la deportación. Esto, a su vez, podría tener consecuencias negativas para la seguridad pública en general.
La situación en Chicago es un claro ejemplo de la tensión existente entre las políticas santuario a nivel local y la intensificación de la aplicación de las leyes federales de inmigración. La rápida reacción de los concejales y activistas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, subraya la importancia de la vigilancia cívica y la respuesta política local como mecanismos para defender estas políticas y proteger los derechos de todos los residentes.
Mientras tanto, en barrios como Pilsen, organizaciones comunitarias como «Salud» continúan trabajando para apoyar a la comunidad latina, recientemente recibiendo una subvención para el Día de Acción por la Salud Mental de MTV, destacando la resiliencia y los esfuerzos de base en medio de la presión.
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