En un tranquilo suburbio de Indianápolis, el eco de un disparo rompió la rutina matutina. María Florinda Ríos Pérez, una empleada doméstica guatemalteca de 32 años, había acudido a limpiar una casa junto a su esposo, sin imaginar que una confusión de dirección le costaría la vida.
Ríos, madre de cuatro hijos, formaba parte de un pequeño equipo de limpieza que atendía hogares en Whitestown. Aquel miércoles, su jornada comenzó como cualquier otra: el aroma a productos de limpieza, el cansancio del día anterior y el sueño de ahorrar lo suficiente para ofrecer una mejor vida a sus hijos. Pero el destino tomó un giro fatal cuando el propietario del inmueble, al creer que intentaban irrumpir en su casa, abrió fuego.
El esposo de María, Mauricio Velázquez, recuerda cada segundo del suceso.
“No entendí que le habían disparado hasta que la vi caer”, contó entre lágrimas.
La escena se convirtió en una herida abierta no solo para su familia, sino para toda una comunidad migrante que enfrenta el miedo de ser criminalizada incluso mientras trabaja.
Un caso que reaviva un debate nacional
El asesinato de María ha vuelto a poner en la mesa la llamada doctrina del castillo de Indiana, una ley que permite a los propietarios usar fuerza letal para defender su vivienda si creen que enfrentan una intrusión ilegal. Treinta y un estados en EE.UU. cuentan con legislaciones similares.
Sin embargo, críticos señalan que estas normas han servido, en más de un caso, como escudo para justificar tiroteos injustificados contra personas inocentes, muchas veces pertenecientes a minorías étnicas o migrantes.
Entre la justicia y la impunidad
El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, admitió que decidir si presentar cargos será “difícil”, ya que implica evaluar la “razonabilidad” del uso de la fuerza. Esa palabra —razonable— se ha convertido en un término ambiguo y polémico, que ha protegido a más de un agresor en casos donde la víctima ni siquiera representaba una amenaza real.
Casos similares, como el de Ralph Yarl en Misuri o el de Kaylin Gillis en Nueva York, han demostrado cómo un simple error humano puede terminar en tragedia cuando se mezcla con el miedo, los prejuicios y la permisividad de la ley.
Una herida que cruza fronteras
Mientras la familia de María organiza su repatriación a Guatemala, las redes sociales se llenan de mensajes de solidaridad y reclamos de justicia. Organizaciones de derechos humanos exigen una revisión urgente de las leyes de defensa personal, especialmente cuando las víctimas son trabajadoras migrantes.
María Florinda Ríos Pérez ya no volverá a limpiar otra casa, pero su historia deja una marca profunda: la de una mujer que solo quería trabajar y fue recibida con una bala. Su nombre se suma a una lista creciente de víctimas que, sin buscar confrontar a nadie, terminan enfrentando las consecuencias de un miedo social que mata.
