Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluyendo representantes de países aliados como Francia y Canadá. La medida es parte de un esfuerzo por limitar las investigaciones del tribunal que involucran a ciudadanos estadounidenses e israelíes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI como una “amenaza para la seguridad nacional” y acusó al tribunal de usar la “guerra jurídica” contra Estados Unidos e Israel. Según Rubio, los funcionarios sancionados intentaron procesar a ciudadanos de ambos países “sin su consentimiento”.
Entre los sancionados se encuentra el juez francés Nicolas Guillou, quien preside un caso iniciado por Palestina y que derivó en una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Guillou tiene experiencia en Estados Unidos, donde colaboró con el Departamento de Justicia durante la administración de Barack Obama.
La jueza canadiense Kimberly Prost también fue incluida, luego de su participación en una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán que involucran a fuerzas estadounidenses. Además, las sanciones alcanzaron a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, por su apoyo a acciones de la CPI contra Israel, incluyendo órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro Yoav Gallant.
Impacto y medidas adoptadas por EE. UU.
Como parte de las sanciones, Estados Unidos bloqueará cualquier propiedad que los sancionados tengan en su territorio y les prohibirá la entrada al país. Estas medidas son poco comunes contra aliados cercanos, pero la administración estadounidense busca frenar cualquier acción que considere “ilegítima” de la CPI.
El precedente de estas sanciones no es nuevo. En junio, Rubio ya había impuesto restricciones a otros cuatro jueces del tribunal. La Corte Penal Internacional, establecida en La Haya, cuenta con el respaldo de la mayoría de las democracias europeas y actúa como tribunal de último recurso cuando los sistemas nacionales no permiten garantizar justicia.
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