La madrugada del jueves, cientos de agentes federales irrumpieron en la planta de Hyundai en Georgia, aún en construcción, donde se fabricarán vehículos eléctricos en alianza con LG Energy Solution. Lo que parecía una jornada laboral normal se convirtió en un operativo masivo: 475 trabajadores detenidos, la mayoría surcoreanos, esposados y trasladados a centros de detención.
Las imágenes difundidas por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mostraban a obreros alineados, revisados y subidos a camiones oficiales. La noticia viajó rápidamente a Seúl, donde familiares y medios denunciaron lo ocurrido como un golpe inesperado en la relación con Estados Unidos.
La respuesta inmediata de Corea del Sur
El gobierno surcoreano reaccionó con firmeza. Lee Jae Myung, presidente del país, exigió respeto a los derechos de sus ciudadanos y ordenó al ministro de Exteriores desplegar un equipo diplomático de emergencia en Georgia.
“Kang Hoon-sik”, jefe de gabinete presidencial, anunció que más de 300 trabajadores serán liberados y repatriados tras intensas negociaciones con Washington. Para ello, Seúl fletará un avión que trasladará a los ciudadanos de vuelta en cuanto finalicen los trámites.
Una relación económica puesta a prueba
El incidente ocurre en un contexto de fuerte alianza económica entre Corea del Sur y Estados Unidos. Apenas semanas antes, ambos países habían celebrado una cumbre en Washington, donde Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses y a comprar 100.000 millones en energía.
La redada ha generado sorpresa en Corea del Sur, ya que la planta de Hyundai había sido señalada como el mayor proyecto de desarrollo económico en Georgia. La contradicción entre los acuerdos bilaterales y la detención de trabajadores ha abierto un debate político y mediático.
El trasfondo de la redada en Hyundai
Las autoridades estadounidenses aseguran que algunos detenidos habían ingresado ilegalmente al país, mientras que otros tenían visas vencidas o restricciones laborales. Sin embargo, ningún trabajador ha sido acusado formalmente de delitos.
El caso se inscribe en la política migratoria endurecida de la administración Donald Trump, caracterizada por redadas masivas en lugares de trabajo. Aunque no es la primera, esta operación destaca por su magnitud y por impactar directamente a un socio estratégico de Estados Unidos.
El camino hacia la repatriación
Mientras continúan las investigaciones, Seúl se prepara para el regreso de sus ciudadanos. Además, el gobierno anunció que revisará los sistemas de visado para viajes de negocios relacionados con inversiones en Estados Unidos, con el fin de evitar que incidentes similares se repitan.
Para los trabajadores, la liberación supone el cierre de un capítulo de incertidumbre, pero también deja una huella sobre la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a las políticas migratorias.
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