La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del expresidente Donald Trump retener temporalmente cerca de 4 mil millones de dólares destinados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como cupones de alimentos. Esta decisión deja en el limbo la ayuda para 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, en medio del cierre parcial de la administración federal.
Una suspensión temporal mientras se revisa el caso
La orden judicial, emitida por la jueza Ketanji Brown Jackson, actúa como una suspensión administrativa que otorga tiempo al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para analizar el caso. La medida expira dos días después de que dicho tribunal emita su resolución sobre la solicitud del gobierno para bloquear la orden previa que obligaba al Departamento de Agricultura (USDA) a financiar completamente el programa SNAP durante el mes de noviembre.
El juez federal John McConnell, de Rhode Island, había ordenado al USDA liberar el monto total del beneficio —entre 8 mil 500 y 9 mil millones de dólares— argumentando que la administración no podía suspender un programa vital “por razones políticas”. Según McConnell, el gobierno debía cubrir la totalidad de las prestaciones, incluso recurriendo a fondos de emergencia o programas complementarios.
El gobierno argumenta falta de fondos por el cierre
El Departamento de Justicia (DOJ) sostuvo ante la Corte Suprema que cumplir la orden del juez “sembraría un mayor caos” en medio del cierre del gobierno, calificando la decisión como una forma de “activismo judicial”. De acuerdo con la administración, el fallo obligaría a una reasignación inmediata de recursos y podría causar una “corrida bancaria por vía judicial”, al exigir el desembolso completo sin contar con los fondos disponibles.
El plan original del gobierno era suspender totalmente los beneficios del SNAP en noviembre, alegando falta de presupuesto. Sin embargo, tras el fallo de McConnell, el USDA accedió a liberar 4 mil 650 millones de dólares en fondos de emergencia, cubriendo parcialmente las necesidades del mes mientras buscaban respaldo legal para detener la medida.
Impacto social y político del fallo
La decisión provocó una reacción inmediata entre organizaciones sociales, sindicatos y gobiernos locales, quienes habían demandado al gobierno federal con el apoyo del grupo legal Democracy Forward. Los demandantes alertaron que uno de cada ocho estadounidenses podría quedarse sin acceso a alimentos si se mantenía la suspensión del programa.
El juez McConnell, designado por el expresidente Barack Obama, acusó a la administración republicana de usar el hambre como herramienta política, mientras que los funcionarios de Trump insistieron en que se trata de un asunto presupuestario derivado del cierre gubernamental.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi celebró la decisión de la Corte Suprema en la red social X, afirmando que la medida “pone en pausa un acto de activismo judicial en su peor forma”.
Un programa esencial en el centro de la polémica
El SNAP, creado para garantizar el acceso a alimentos básicos, representa uno de los pilares de la red de seguridad social en Estados Unidos. Cada mes distribuye beneficios a más de 42 millones de personas, entre ellos familias con niños, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos.
Aunque la suspensión es temporal, el caso podría marcar un precedente sobre los límites del poder judicial en decisiones presupuestarias durante cierres administrativos. También reaviva el debate sobre la prioridad del gasto público frente a programas sociales en momentos de tensión política y económica.
La Corte Suprema no resolvió el fondo del caso, pero su decisión permite a la administración de Trump retrasar temporalmente la entrega completa de la ayuda alimentaria mientras continúa la batalla legal. En tanto, millones de beneficiarios del SNAP enfrentan semanas de incertidumbre, a la espera de que la justicia determine si el gobierno puede —o no— recortar fondos esenciales en medio de un cierre federal.
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