La Novena Corte de Circuito de Apelaciones de EE. UU. suspendió temporalmente una orden judicial que había declarado ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por el presidente Trump, intensificando la batalla legal y política con California en medio de masivas protestas por redadas migratorias.
La tensión entre la administración Trump y el estado de California alcanzó un nuevo clímax este jueves cuando la Novena Corte de Circuito de Apelaciones de EE. UU. intervino para bloquear temporalmente una decisión de un juez federal que había ordenado al presidente Donald Trump devolver el control de las tropas de la Guardia Nacional al estado. Este fallo se produce en un contexto de intensas protestas en Los Ángeles contra las redadas de inmigración y la creciente militarización de la respuesta federal.
El juez de distrito Charles Breyer había dictaminado horas antes que el despliegue de la Guardia Nacional era ilegal, argumentando que el presidente Trump había excedido su autoridad estatutaria y violado la Décima Enmienda de la Constitución, que reserva a los estados los poderes no delegados específicamente al gobierno federal. La orden del juez Breyer se aplicaba únicamente a las tropas de la Guardia Nacional y no a los aproximadamente 700 Marines también desplegados en la ciudad para tareas de disturbios civiles y protección de instalaciones federales.
El Origen del Conflicto: Redadas y Protestas en Los Ángeles
El epicentro de esta confrontación se sitúa en Los Ángeles, donde durante varios días se han sucedido manifestaciones en respuesta a las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la campaña de deportación masiva impulsada por la administración Trump. Estas protestas han llevado a enfrentamientos con las fuerzas del orden y a un clima de creciente incertidumbre en la metrópoli californiana.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, han liderado la oposición a la movilización federal, presentando una demanda para bloquear el despliegue de la Guardia en contra de la voluntad del estado. Argumentan que la presencia militar solo exacerba las tensiones y promueve el desorden civil, y que las tropas, originalmente destinadas a proteger edificios federales, no deben usarse para apoyar redadas de inmigración.
La Batalla Legal: Title 10 vs. Insurrección y la Soberanía Estatal
La disputa legal se centra en la autoridad bajo la cual el presidente Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California. La Casa Blanca invocó el Título 10 del Código de EE. UU., que permite al presidente movilizar a la Guardia para el servicio federal en circunstancias limitadas, como una invasión, una rebelión o la incapacidad de ejecutar las leyes federales.
En su fallo original, el juez Breyer, designado por el expresidente Bill Clinton, determinó que la situación en Los Ángeles no cumplía con la definición de «rebelión» necesaria para justificar la acción presidencial bajo el Título 10. «Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una ‘rebelión'», escribió Breyer, quien en un momento de la audiencia agitó una copia de la Constitución, enfatizando las limitaciones al poder presidencial.
El gobierno federal, por su parte, ha defendido enérgicamente la legalidad de sus acciones. Brett Shumate, abogado del gobierno, argumentó que Trump cumplió con el estatuto al informar al general al mando de las tropas y que, en cualquier caso, tendría la autoridad para convocar a la Guardia. El Departamento de Justicia incluso llegó a afirmar que las órdenes de Trump no estaban sujetas a revisión judicial, comparando la situación con despliegues históricos como el del presidente Eisenhower para proteger la desegregación escolar o el del presidente Nixon durante una huelga postal. «Nuestra posición es que esto no está sujeto a revisión judicial», declaró Shumate ante el juez.
«Estamos hablando de que el presidente ejerce su autoridad, y el presidente, por supuesto, está limitado en esa autoridad. Esa es la diferencia entre un gobierno constitucional y el Rey Jorge», replicó el juez Breyer durante la audiencia, subrayando la importancia del control judicial sobre el poder ejecutivo.
La administración Trump, a través de su portavoz Anna Kelly, criticó la decisión inicial del juez Breyer, afirmando que «el tribunal de distrito no tiene autoridad para usurpar la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe» y que el presidente «ejerció su autoridad legal para movilizar a la Guardia Nacional para proteger edificios y personal federal en la anárquica Los Ángeles de Gavin Newsom».
Implicaciones y Próximos Pasos
La suspensión temporal por parte de la Novena Corte de Circuito significa que, por ahora, las tropas de la Guardia Nacional permanecerán bajo control federal en Los Ángeles mientras el tribunal de apelaciones considera el caso en su totalidad. Esta decisión prolonga la incertidumbre y mantiene la confrontación legal y política en un punto álgido.
Expertos legales señalan la complejidad del marco legal que rodea el uso doméstico de fuerzas militares. El Posse Comitatus Act generalmente prohíbe el uso del ejército para funciones de aplicación de la ley civil, pero existen excepciones, como el Título 10 y la Ley de Insurrección. La Ley de Insurrección, que data de 1807, otorga al presidente poderes más amplios para desplegar tropas a nivel nacional, pero su invocación es extremadamente rara y políticamente sensible. La actual administración parece estar apoyándose en una interpretación del Título 10 que es fuertemente disputada por California.
Históricamente, los presidentes han federalizado la Guardia Nacional en contra de la voluntad de los gobernadores en contadas ocasiones, a menudo en contextos de derechos civiles, como la integración escolar en Little Rock en 1957 por el presidente Eisenhower, o la protección de manifestantes de derechos civiles en Alabama en 1965 por el presidente Johnson.
Mientras tanto, la situación en Los Ángeles sigue siendo volátil. El Mayor General Scott Sherman, comandante de la Fuerza de Tarea 51, que supervisa a las tropas de la Guardia y los Marines, indicó que unos 500 soldados de la Guardia ya habían sido entrenados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración. La comunidad latina y los defensores de los inmigrantes observan con creciente alarma, temiendo una escalada en las tácticas de control migratorio y una erosión de las libertades civiles.
Fotografía de miembros de la Guardia Nacional en un punto de control en Los Ángeles, o una imagen de las protestas con presencia militar.
La decisión final de la Novena Corte de Circuito será crucial, no solo para definir los límites del poder presidencial en el despliegue doméstico de tropas, sino también para el futuro de las políticas de inmigración y la relación entre el gobierno federal y los estados.
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