La Casa Blanca ha solicitado formalmente al Congreso recortar $9.4 mil millones de dólares en fondos previamente aprobados, una medida que busca implementar recortes propuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y eliminar programas considerados ideológicos.
El martes 3 de junio de 2025, la administración del presidente Donald Trump presentó una solicitud de rescisión al Congreso para anular $9.4 mil millones de dólares en gastos ya autorizados. Esta acción, que requiere la aprobación del Congreso, tiene como objetivo principal la reducción del gasto federal y la eliminación de partidas presupuestarias que, según la Casa Blanca, promueven ideologías liberales o son consideradas ineficientes.
Programas Afectados por la Propuesta
Un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que prefirió mantener el anonimato, detalló los programas específicos que serían impactados por estos recortes. La mayor parte de la reducción, $8.3 mil millones, provendría del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Además, la propuesta incluye la eliminación de fondos federales para entidades como NPR (National Public Radio) y PBS (Public Broadcasting Service). También se planean recortes al Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR), una iniciativa clave en salud global.
Entre los gastos menores, pero destacados por la administración como ejemplos de derroche, se encuentran:
* $750,000 destinados a la reducción de la xenofobia en Venezuela.
* $67,000 asignados para la alimentación de niños en Madagascar con polvo de insectos.
* $3 millones para programas de circuncisión, vasectomías y condones en Zambia.
Reacción en el Congreso
La solicitud de rescisión ha generado respuestas diversas en el Capitolio. El Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), expresó su apoyo a los recortes propuestos, afirmando que el paquete refleja muchos de los hallazgos del DOGE. Johnson prometió que la Cámara trabajaría estrechamente con la Casa Blanca para codificar estas recomendaciones y que el paquete sería llevado a votación «lo más rápido posible».
Miembros del House Freedom Caucus, un grupo de legisladores conservadores, también respaldaron la medida, manifestando su deseo de que la administración presente paquetes de rescisión adicionales. Consideran que la aprobación de esta propuesta es una demostración importante de la voluntad del Congreso de cumplir con la agenda del DOGE y del Presidente Trump.
Por otro lado, la Senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, mostró una respuesta más cautelosa. Declaró que su comité revisaría cuidadosamente el paquete de rescisiones y examinaría sus posibles consecuencias en áreas críticas como la salud global, la seguridad nacional, las comunicaciones de emergencia en comunidades rurales y las estaciones de radio y televisión públicas.
«Mi comité revisará cuidadosamente el paquete de rescisiones y examinará sus posibles consecuencias en la salud global, la seguridad nacional y las comunicaciones de emergencia.»
Impacto en la Deuda Nacional y Base Legal
Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, reconoció que la solicitud de $9.4 mil millones es poco probable que altere significativamente la creciente deuda nacional de EE. UU., ya que representa aproximadamente el 0.1% de los $7 billones estimados en gasto gubernamental para el año. Sin embargo, Vought insinuó la posibilidad de más paquetes de rescisión y otros esfuerzos de recorte de gastos si la iniciativa actual tiene éxito. Mencionó que podrían enviarse rescisiones adicionales al final del año fiscal en septiembre, y si el Congreso no actúa, los fondos expirarían, potencialmente eludiendo una votación.
La solicitud de la administración busca cumplir con la Ley de Control de Apoderamiento de 1974, que establece el proceso para que el presidente informe formalmente al Congreso sobre el dinero asignado que no tiene intención de gastar. Bajo esta ley, el Congreso tiene generalmente 45 días para revisar y aprobar la solicitud. La Ley de Control de Apoderamiento de 1974 permite al Senado aprobar paquetes de rescisión con una mayoría simple, evitando los 60 votos usualmente necesarios para superar un filibusterismo.
Bobby Kogan, director senior de política presupuestaria federal en el Center for American Progress, criticó a la administración Trump, afirmando que ya estaban «ilegalmente incautando fondos adicionales» al retener dinero sin la aprobación explícita del Congreso. Sin embargo, Vought mantuvo que la administración estaba cumpliendo con la ley, argumentando que cada rama del gobierno federal debe interpretar y defender la Constitución, lo que lleva a tensiones inherentes entre las ramas.
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