La noche del 9 de octubre, un usuario de TikTok de Detroit notó algo alarmante en su feed: un video con una fotografía de la fiscal Pam Bondi, un punto rojo en su frente y un texto que ofrecía 45 mil dólares de recompensa “preferiblemente muerta”.
El contenido, con tono de meme, cruzó la línea entre la ironía y la amenaza directa. Días después, el FBI identificó al autor como Tyler Maxon Avalos, de 29 años, residente de St. Paul, Minnesota.
De TikTok a una operación federal
Avalos fue detenido el 16 de octubre tras una investigación digital que demostró el poder de las herramientas de rastreo cibernético.
Según documentos judiciales, el FBI solicitó una divulgación de emergencia a TikTok, que reveló el número de teléfono, el correo electrónico y las direcciones IP del sospechoso.
Con ayuda de Google y Comcast, los agentes localizaron su domicilio y obtuvieron una orden judicial para su arresto.
Un historial que preocupó a las autoridades
Los registros mostraron que Avalos contaba con antecedentes por acoso y agresión doméstica en Minnesota y Florida, lo que encendió más alertas sobre su posible peligrosidad.
A pesar de ello, un juez federal concedió su liberación condicional, con restricciones como tratamiento psicológico, toque de queda, monitoreo por GPS y prohibición de usar Internet sin aprobación.
¿Libertad de expresión o amenaza real?
El caso de Avalos plantea un debate crucial en Estados Unidos: ¿hasta qué punto el discurso digital puede considerarse una amenaza criminal?
El gobierno deberá demostrar que su publicación fue una “verdadera amenaza” contra la vida de Bondi, no un simple comentario hiperbólico protegido por la Primera Enmienda.
Expertos en derecho digital señalan que las plataformas sociales, como TikTok, están cada vez más vigiladas por su papel en la propagación de discursos violentos o extremistas.
El impacto del caso en la seguridad digital
Este arresto revela cómo las redes sociales se han convertido en escenarios de delitos emergentes, donde las amenazas se viralizan en segundos y las consecuencias legales son inmediatas.
El FBI ha intensificado la vigilancia sobre publicaciones relacionadas con figuras públicas, especialmente en un contexto político polarizado.
La cooperación entre plataformas digitales y agencias federales será clave para prevenir ataques reales antes de que ocurran.
Un llamado a la responsabilidad digital
El caso de Avalos no solo es una advertencia legal, sino también social: las palabras publicadas en Internet pueden tener consecuencias penales reales.
Las autoridades recomiendan a los usuarios denunciar contenidos violentos o sospechosos y recordar que la libertad de expresión no ampara las amenazas.
En una era donde la viralidad se confunde con la impunidad, este episodio deja un claro mensaje: el algoritmo no olvida, y la ley tampoco.
TE PODRÍA INTERESAR