La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 767/2023 marca un antes y un después en el tratamiento de los datos personales en México. La Corte determinó que los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo y otros no son responsables del tratamiento de los datos personales, eximiéndolos de una carga que, según los magistrados, excede sus capacidades operativas.
Pero esta decisión plantea interrogantes importantes: ¿quién protege nuestros derechos en el ciberespacio? ¿Qué pasa con los datos indexados sin nuestro consentimiento? En este artículo, analizamos las implicaciones de este fallo y cómo se compara con los estándares internacionales en materia de privacidad digital.
¿Por qué los motores de búsqueda no son responsables?
De acuerdo con la SCJN, los motores de búsqueda son intermediarios que no tienen control directo sobre el contenido que indexan. Esto significa que:
- No deciden qué datos aparecen ni con qué propósito.
- No pueden eliminar contenido directamente del internet.
- Actúan como facilitadores entre los usuarios y la información pública.
La Corte argumenta que exigir responsabilidad a los buscadores podría afectar la libertad de expresión y complicar el acceso a información pública.
La perspectiva internacional: ¿Qué dice la Unión Europea?
El fallo de la SCJN contrasta con las regulaciones de la Unión Europea (UE), donde los motores de búsqueda sí tienen responsabilidades en el manejo de datos personales.
Caso emblemático: Google Spain (2014)
En este caso, el Tribunal de Justicia de la UE reconoció el derecho al olvido, permitiendo que los ciudadanos europeos soliciten la eliminación de resultados de búsqueda que contengan información irrelevante o desactualizada.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) refuerza este enfoque, obligando a los motores de búsqueda a atender solicitudes de eliminación bajo criterios específicos.
¿Qué sucede en México? Derechos limitados en el ámbito digital
En México, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados reconoce los derechos de cancelación y oposición.
- Derecho de cancelación: Permite solicitar la eliminación de datos en archivos o sistemas.
- Derecho de oposición: Permite negarse al tratamiento de datos si afecta los derechos del titular.
Sin embargo, estos derechos no se traducen en la desaparición total de la información en internet, ya que los motores de búsqueda pueden seguir indexando los datos mediante otros criterios.
El impacto del fallo de la SCJN en la protección de datos
El fallo de la SCJN presenta dos grandes desafíos para los ciudadanos:
- Judicialización del derecho: Las personas afectadas deberán acudir al Poder Judicial para solicitar la eliminación de información, un proceso costoso y lento.
- Responsabilidad limitada de los buscadores: Aunque los motores de búsqueda organizan y facilitan el acceso a la información, no son responsables de los daños que esto pueda causar.
Este enfoque deja a los usuarios en una posición vulnerable, especialmente en un contexto donde el INAI, la institución encargada de la transparencia y protección de datos, enfrenta un futuro incierto.
¿Qué se necesita para fortalecer la protección de datos en México?
El caso deja claro que México debe avanzar hacia un marco normativo más robusto para la protección de datos personales en el entorno digital.
Propuestas clave:
- Reconocer el derecho al olvido: Adoptar un modelo similar al europeo para garantizar la eliminación de datos irrelevantes o perjudiciales.
- Fortalecer las instituciones: Garantizar la independencia y funcionalidad de organismos como el INAI para evitar judicializar los derechos ciudadanos.
- Responsabilizar a los buscadores: Establecer lineamientos claros para que los intermediarios digitales asuman su papel en la protección de derechos.
Un debate necesario sobre privacidad y libertad
El fallo de la SCJN plantea un dilema complejo: ¿cómo equilibrar la libertad de expresión con la protección de la privacidad en el ámbito digital? Si bien el fallo busca evitar una carga desproporcionada para los motores de búsqueda, deja sin resolver las necesidades de protección de los ciudadanos en un entorno cada vez más digitalizado.
México enfrenta el reto de modernizar su legislación para garantizar que los derechos digitales sean efectivos y accesibles para todos.
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