En México, las factureras se convirtieron en uno de los mecanismos más dañinos para la recaudación fiscal. Durante años, empresas fantasma emitieron comprobantes fiscales falsos que simulaban operaciones inexistentes, drenando miles de millones de pesos del erario. Pero ahora, el SAT busca atacar la raíz del problema con una medida histórica: negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a toda empresa cuyos socios hayan estado vinculados previamente a factureras.
La historia detrás de la nueva estrategia
Hasta hace pocos años, el combate a las factureras se centraba en perseguir a las empresas fantasma una vez que ya habían operado. La prisión preventiva oficiosa y las auditorías tardías eran herramientas que, aunque necesarias, llegaban cuando el daño ya estaba hecho.
El nuevo enfoque parte de una premisa distinta: “cortar la cabeza antes de que nazca la serpiente”. Si un individuo ya estuvo relacionado con fraude fiscal mediante factureras, no podrá inscribir nuevas empresas en el RFC. La intención es evitar que los mismos nombres reaparezcan bajo nuevos registros, replicando esquemas fraudulentos.
Un blindaje contra redes sofisticadas
La propia iniciativa reconoce que los esquemas de evasión fiscal se han vuelto cada vez más complejos. Personas morales que, al detectar problemas con el SAT, simplemente desaparecían y se constituían de nuevo con los mismos socios. Esta “recicladora de empresas fantasma” es uno de los principales blancos de la reforma.
El SAT también propone agilizar los procesos de visitas domiciliarias a presuntas infractoras, reduciendo el tiempo a 24 días para determinar si un comprobante digital respalda operaciones inexistentes. Mientras tanto, la facturación de esa empresa quedará suspendida.
¿Qué pasará con los clientes de factureras?
No solo los emisores estarán en la mira. Los receptores de comprobantes fiscales digitales falsos tendrán un plazo de 30 días para corregir su situación ante el SAT. Si no lo hacen, perderán el certificado de sello digital, lo que en la práctica significa la paralización de sus operaciones.
Implicaciones políticas y sociales
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluyó esta propuesta dentro del Paquete Económico, enviando una señal clara: el combate a la evasión fiscal será una prioridad de su administración. La narrativa oficial apunta a la necesidad de garantizar justicia tributaria y evitar que los contribuyentes cumplidos carguen con el costo del fraude.
El desafío: prevención vs. excesos
Aunque la iniciativa busca cerrar el círculo de la impunidad, especialistas han advertido que el SAT deberá actuar con transparencia y precisión en la aplicación de estos filtros, para evitar que empresarios legítimos sean injustamente bloqueados al intentar registrar una compañía.
Lo cierto es que, si funciona como se planea, México podría entrar en una nueva etapa de prevención fiscal, donde los fraudes de factureras ya no sean detectados al final del camino, sino neutralizados desde su origen.
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