Repartidores protestan ante la Suprema Corte

Trabajadores de plataformas digitales volvieron a manifestarse frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se frene el impuesto del 2% por uso de infraestructura vial en la Ciudad de México, contemplado en el artículo 307 TER del Código Fiscal local. El gravamen, aprobado desde 2021, se encuentra nuevamente en análisis porque un proyecto de la ministra Lenia Batres propone declararlo constitucional al negar un amparo solicitado por Uber.

Los repartidores, agrupados en Repartidores Unidos de México (RUM), advierten que este impuesto afectará directamente sus ingresos y que las plataformas eventualmente trasladarán el costo tanto a los trabajadores como a los consumidores. “Ya pagamos ISR, IMSS, licencias… ¿y aún quieren cobrarnos por usar las calles?”, se lee en una de las mantas que llevaron al recinto.

El impuesto que divide a repartidores, empresas y gobierno

El proyecto de sentencia sostiene que este cobro no es un impuesto tradicional, sino un “aprovechamiento no tributario”, es decir, un ingreso público destinado a compensar el desgaste de las calles debido al modelo de negocio de las apps. Según la propuesta de Batres, el aumento en el tráfico generado por plataformas como Uber, Didi o apps de entrega justificaría la medida.

Sin embargo, los repartidores aseguran que, aunque el cobro se aplique a las empresas, el impacto final recaerá sobre ellos. De acuerdo con datos de RUM, actualmente pagan cerca del 10.1% entre ISR e IVA, más 2.5% por seguridad social tras la reforma laboral para plataformas que entró en vigor en junio pasado. Con el nuevo cobro, sus aportaciones totales subirían a 14.6%, sin considerar gastos operativos.

Más impuestos, menos ingresos y costos operativos al alza

Para quienes trabajan en estas aplicaciones, el problema no se limita a los impuestos. También deben cubrir costos como gasolina, mantenimiento de motos o bicicletas, licencias de conducir, tenencias y herramientas de trabajo. De acuerdo con testimonios, estos gastos ya representan un porcentaje significativo de su ganancia diaria.

Además, temen que las apps trasladen el costo al usuario, encareciendo servicios como entrega de comida o transporte. Si los precios suben, argumentan, los consumidores usarán menos las aplicaciones y eso reducirá todavía más su actividad laboral. “Si esto se vuelve más caro para los usuarios, simplemente habrá menos pedidos”, señaló Leslie Díaz, integrante de RUM.

Reuniones con ministros y postura oficial

El grupo de repartidores aseguró que ya tuvo dos encuentros con la SCJN: uno con la ministra Batres y otro con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Según relatan, les explicaron que el propósito del cobro es evitar que las plataformas extranjeras “saquen todo el dinero generado en México”.

Pero, de acuerdo con los repartidores, su situación no fue tomada en cuenta. “La ministra Batres nos dijo que ese 2% iba porque iba para las plataformas, y que lo demás ya no importaba”, denunció Díaz. La preocupación principal es que, incluso si el gobierno capitalino asegura que el impuesto recae sobre las empresas, “de una u otra forma las plataformas buscarán cómo trasladarlo al usuario o al trabajador”.

Infraestructura vial deteriorada y dudas sobre el destino de los recursos

Los manifestantes también expresaron dudas sobre la finalidad del cobro. Aseguran que, aunque el gobierno de la CDMX afirma que el impuesto se destinará al mantenimiento de la infraestructura vial, las condiciones actuales de la ciudad no reflejan mejoras. Baches, pavimentación en mal estado y accidentes frecuentes son parte del panorama cotidiano que enfrentan quienes recorren miles de kilómetros al mes para realizar entregas.

“Nos dicen que es para mejorar las calles, pero todos vemos cómo están. Nosotros somos quienes más riesgos corremos y ni así se atienden las vialidades”, reclamaron.

Temor por un precedente para otras ciudades

Los repartidores advierten que, si la Corte valida el impuesto, podría abrirse la puerta a que otras ciudades adopten medidas similares, generando un efecto dominó que afectaría a miles de trabajadores de aplicaciones en México. Por eso, piden que los ministros voten en contra del proyecto y reconozcan el impacto económico y social que tendría la decisión.

A la espera de la resolución, las protestas continuarán y el debate seguirá creciendo entre plataformas, trabajadores, autoridades y ciudadanos, pues el resultado definirá el futuro laboral de quienes dependen de las aplicaciones para su sustento.