El sector eléctrico privado en México encendió las alertas tras la publicación de un borrador del gobierno federal que modificaría de forma profunda las reglas bajo las cuales operan los productores independientes de energía. La propuesta, difundida el 5 de diciembre como parte de un proceso de consulta pública, plantea cambios que podrían fortalecer el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y redefinir la relación entre el Estado y las empresas generadoras.
Aunque el documento aún no es definitivo y no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, su contenido ya genera preocupación por el impacto que tendría en la inversión, la operación del mercado eléctrico y, eventualmente, en el servicio que reciben los usuarios.
¿Qué cambia para las empresas eléctricas con las nuevas reglas de la CFE?
Actualmente, los productores independientes pueden vender electricidad a la CFE mediante contratos de largo plazo y, una vez que estos concluyen, tienen la opción de migrar al mercado eléctrico mayorista. El borrador plantea un giro relevante: obligar a estas empresas a vender su energía exclusivamente a la CFE durante un periodo de cinco años.
Además, mientras el esquema vigente reconoce la propiedad privada de las plantas de generación, la nueva propuesta otorga a la CFE la posibilidad de adquirir esos activos sin costo alguno. En los hechos, esto limitaría la capacidad de decisión de las empresas sobre su propia infraestructura.
La única vía para evitar estas condiciones sería renegociar permisos directamente con el gobierno federal, un proceso que introduce mayor incertidumbre regulatoria para el sector.
¿Por qué el sector privado ve un riesgo en la propuesta?
La Asociación Mexicana de Energía (AME) advirtió en un comentario público que los cambios podrían interpretarse como una expropiación indirecta. Bajo las reglas anteriores, no existía obligación de transferir activos ni de renunciar a la propiedad de las plantas, algo que ahora quedaría en entredicho.
Este punto no es menor. Los productores independientes representan cerca del 20 % de la capacidad operativa de generación eléctrica en México. Cualquier ajuste que afecte su operación tiene implicaciones directas en la oferta de energía, la competencia y la estabilidad del sistema.
El contexto legal detrás de los cambios en la CFE
La propuesta no surge en el vacío. En octubre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que eliminó diversas regulaciones del sector eléctrico. Las directrices publicadas en diciembre forman parte de los pasos para aterrizar esa reforma en la práctica.
Para el gobierno, el objetivo es reforzar el papel de la CFE como empresa estratégica del Estado. Para el sector privado, el problema es cómo se implementa ese control sin vulnerar derechos adquiridos ni generar conflictos legales.
Riesgos internacionales y posibles disputas comerciales
Analistas señalan que, tal como está redactada, la propuesta podría afectar a empresas extranjeras con operaciones en México y vínculos con Estados Unidos y Canadá. Entre ellas se encuentran firmas como AES Energy, Naturgy, Mitsubishi Power, Acciona y Saavi Energía.
El riesgo es que estas compañías recurran a mecanismos de solución de controversias previstos en el T-MEC u otros tratados de inversión, argumentando violaciones a sus derechos como inversionistas.
Pablo Zárate, director general sénior de FTI Consulting, ha señalado que México enfrenta un equilibrio complejo entre el control estatal y la protección a la inversión privada, especialmente en el caso de activos heredados del sector energético. Las regulaciones preliminares reflejan esa tensión y podrían escalar si no se ajustan antes de su publicación definitiva.
¿Cómo podría impactar esto en el servicio de electricidad?
Aunque el borrador se enfoca en reglas para generadores, los efectos no se limitan a las empresas. Menor competencia, mayor incertidumbre y posibles litigios pueden traducirse en presiones sobre costos, inversiones detenidas y retrasos en proyectos de generación.
Para los usuarios, el debate no es técnico, sino práctico: quién produce la electricidad, bajo qué condiciones y con qué incentivos para garantizar un suministro suficiente, estable y a precios razonables.
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