La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) establezca un límite máximo a las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), con el objetivo de proteger los ahorros de los trabajadores y garantizar mejores condiciones para una pensión digna.
Durante la sesión de Pleno del 30 de octubre, el máximo tribunal discutió el Amparo en Revisión 177/2025, promovido por una administradora de fondos, y concluyó que la medida no vulnera la confianza legítima de las empresas ni la libertad de competencia, como habían argumentado las compañías inconformes.
Afore blindado para beneficio de trabajadores
Los ministros destacaron que el ahorro para el retiro es parte esencial de la seguridad social, por lo que el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir para que el sistema funcione bajo criterios de eficiencia, transparencia y justicia social.
Cada reducción en las comisiones se traduce en que una mayor parte de las aportaciones de los trabajadores se incorpore a su cuenta individual, fortaleciendo así el monto de su pensión al final de su vida laboral.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que no corresponde analizar la norma como si se tratara de un libre mercado, ya que el Sistema de Ahorro para el Retiro es de orden público regulado, y su principal objetivo es la protección de los trabajadores y sus recursos.
Competencia regulada y protección del patrimonio
Los ministros precisaron que la regulación de comisiones no elimina la competencia entre Afores, sino que la equilibra, evitando prácticas abusivas que puedan poner en riesgo los recursos de millones de ahorradores.
Con este fallo, las comisiones deberán continuar sujetas a los límites máximos definidos por los organismos reguladores, basados en estándares internacionales y comparativos con otros sistemas de retiro a nivel mundial.
La resolución de la SCJN refuerza el marco legal del Sistema de Ahorro para el Retiro y avala la legitimidad del Gobierno federal para implementar políticas que protejan el patrimonio de los trabajadores, en un contexto donde las pensiones se han convertido en un tema económico y social prioritario para México.
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