La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) confirmó que la tarifa de distribución del gas LP será de 3.51 pesos por litro durante lo que resta de 2025, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años.
Este incremento obligará a la Secretaría de Energía a considerar dicho costo dentro del precio máximo del gas LP, lo que se traducirá en ajustes que impactarán directamente a los consumidores.
Para la semana del 17 al 23 de agosto de 2025, el precio del Gas LP en Méxicos se mantiene en un rango que va de los 17 a los 23 pesos por kilogramo en la mayoría de las regiones del país. Mientras que, por litro, los precios oscilan entre 9 y 12 pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Golpe tras los controles de precios al gas LP
La presidenta ejecutiva de AMEXGAS, Rocío Robles, explicó que la tarifa quedó definida tras meses de diálogo y podrá revisarse según las condiciones de cada región. Además, advirtió que el precio podría actualizarse en caso de variaciones importantes en los costos.
El sector energético viene arrastrando tensiones desde 2021, cuando el gobierno implementó un esquema de precios máximos luego de un estudio de la COFECE, que evidenció falta de competencia. Si bien buscaba proteger a los usuarios, en la práctica redujo los márgenes de ganancia de los distribuidores y comprometió su operación.
Impacto en la industria gasera
Actualmente, las plantas distribuidoras perciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cuando se requieren al menos 4.25 pesos para garantizar operaciones seguras y sostenibles, según datos de la asociación.
Esa presión económica provocó el cierre de unas 40 plantas en los últimos meses, principalmente en Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas, con la consecuente pérdida de miles de empleos y la afectación de más de 135 empresas que concentran el 90% de la distribución formal en México.
Especialistas advierten que aunque el ajuste pretende estabilizar la cadena de distribución, también podría reflejarse en los recibos de los hogares y negocios. La Secretaría de Energía aún analiza cómo trasladar este costo al precio máximo regulado.
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