La noche cayó sobre la Ciudad de México con un anuncio que sacudió al mundo empresarial y mediático: la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron una investigación sobre 13 casinos presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero. Entre ellos, dos nombres destacaron: Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, ambas filiales del poderoso Grupo Salinas.
La respuesta inmediata del consorcio
Horas después, Grupo Salinas emitió un comunicado tajante. Confirmó la inclusión de sus empresas en la lista de establecimientos bajo investigación, pero aseguró que cumple “cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativos del sector”.
El grupo defendió su trayectoria señalando que mantiene alianzas internacionales, especialmente con socios del Reino Unido, que operan bajo los más altos estándares de prevención de lavado de dinero. “Confiamos plenamente en la transparencia de nuestras operaciones”, remarcó el consorcio, insinuando que la investigación podría tener un trasfondo político o mediático.
Los 13 casinos y una sospecha que crece
La investigación, encabezada por Hacienda y la UIF, involucra a 13 establecimientos distribuidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la capital del país.
Los reportes indican que se detectaron movimientos financieros irregulares y operaciones consideradas de alto riesgo, lo que activó los protocolos de revisión fiscal.
Entre los puntos señalados, destacan presuntos ingresos no reportados, transferencias internacionales sin justificación y operaciones cruzadas entre socios comerciales. Aunque el gobierno no ha ofrecido más detalles, fuentes cercanas aseguran que la investigación podría derivar en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Permisos otorgados durante el sexenio de Peña Nieto
Un detalle que reavivó la polémica fue el origen de las concesiones. Los permisos para operar los casinos de TV Azteca fueron otorgados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por un periodo de hasta 25 años.
Esto ha despertado suspicacias sobre la relación entre el poder político y los negocios del entretenimiento en México.
Además, Ganador Azteca figura también en una demanda presentada por acreedores de TV Azteca ante la Corte Suprema de Nueva York, lo que amplía el panorama legal del caso más allá de las fronteras nacionales.
Tensión entre Hacienda y Grupo Salinas
El consorcio consideró la indagatoria como un acto “autoritario e infundado”, que atribuyó a la procuradora fiscal Grisel Galeano, aunque reconoció que la UIF es la responsable directa de la investigación.
En un tono desafiante, Grupo Salinas afirmó que “no hay motivo alguno para dudar de la legalidad de nuestras operaciones”, e insistió en su compromiso con la transparencia.
Sin embargo, analistas financieros advierten que el caso podría tener repercusiones en la reputación de TV Azteca y afectar sus relaciones con inversionistas nacionales e internacionales.
Una investigación que marcará precedente
Este episodio podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos sobre la relación entre los medios, el entretenimiento y la fiscalización financiera en México.
Mientras Hacienda avanza con su análisis, el sector privado observa con atención el desenlace, consciente de que la lucha contra el lavado de dinero no distingue nombres ni corporativos.
La historia apenas comienza, y su desenlace podría redefinir los límites entre el poder económico y el control estatal.
