México ha dado un paso histórico en materia de derechos laborales. Entró en vigor la nueva ley que reconoce formalmente la relación de trabajo entre las plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi, y sus cerca de 700,000 repartidores y conductores, otorgándoles acceso a seguridad social, aguinaldo y otras prestaciones de ley.
Un Hito Histórico: ¿Qué Derechos Ganan los Trabajadores de Plataformas?
La llamada «economía gig» en México ha sido regulada. Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se establece un antes y un después para cientos de miles de personas que obtienen sus ingresos a través de aplicaciones digitales. Este cambio busca terminar con la precariedad laboral en un sector en plena expansión.
La Letra Pequeña: ¿Quién es Considerado «Trabajador Formal»?
La reforma establece una distinción clave que ha generado debate. La ley presume la existencia de una relación laboral formal, con todos los derechos antes mencionados, para aquellas personas que, trabajando para una misma plataforma, generen ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual.
Aquellos trabajadores que no alcancen este umbral de ingresos serán considerados «independientes». Sin embargo, la ley no los deja desprotegidos: las plataformas están obligadas a afiliarlos al régimen de riesgos de trabajo del IMSS, cubriéndolos en caso de accidentes. Además, estos trabajadores podrán inscribirse de forma voluntaria al resto de los servicios del IMSS, cubriendo ellos mismos la cuota correspondiente.
La Voz de la Calle: ¿Por Qué Protestan Algunos Repartidores?
A pesar de los beneficios evidentes, la reforma no ha sido recibida con unanimidad. Diversos grupos de repartidores y conductores han salido a las calles a manifestarse, argumentando que la nueva ley amenaza la principal ventaja que ellos valoran de su trabajo: la autonomía y la flexibilidad.
Su principal temor es que, al ser reconocidos como empleados, las empresas impongan horarios fijos, zonas de trabajo obligatorias o condiciones que limiten su capacidad de conectarse y desconectarse libremente, afectando su potencial de ingresos. Se ven a sí mismos como «socios» o emprendedores, no como empleados, y sienten que la reforma fue diseñada sin tomar en cuenta todas las voces del sector.
«No queremos perder la autonomía. La ley no fue consultada con todos y tememos que nos afecte más de lo que nos beneficia. Queremos derechos, pero no a costa de nuestra libertad para trabajar.» – (Parafraseo de las consignas en protestas reportadas ).
El Periodo de Adaptación: ¿Qué Sigue Ahora?
La implementación de la ley no será inmediata en su totalidad. A partir del 1 de julio, comenzará un periodo de prueba de 180 días. Durante este semestre, el IMSS y las empresas ejecutarán un programa piloto para afinar todos los mecanismos de inscripción, cotización y gestión de los nuevos derechos.
Las autoridades han advertido que vigilarán de cerca el cumplimiento de la ley. Se han establecido multas severas para las plataformas que no acaten las nuevas disposiciones, las cuales pueden superar los 5 millones de pesos si se acumulan varias infracciones, como no entregar contratos claros o no tener mecanismos de revisión humana para las decisiones del algoritmo.
