La Violencia en Guerrero volvió a quedar expuesta públicamente tras un encuentro realizado en la comunidad de Alcozacán, donde miles de indígenas desplazados denunciaron ataques armados, abandono institucional y una crisis que, aseguran, lleva más de una década afectando a la región de la Montaña Baja.
La reunión congregó a integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), representantes del Congreso Nacional Indígena y miembros de organizaciones civiles que acudieron a documentar la situación en varias comunidades afectadas.
El ambiente estuvo marcado por testimonios de dolor, reclamos y exigencias dirigidas a las autoridades estatales y federales, en medio de una situación de inseguridad que continúa provocando desplazamientos y temor entre las familias indígenas.
Comunidades indígenas denuncian ataques y desplazamientos
En la cancha de Alcozacán, frente a cientos de asistentes, representantes indígenas relataron cómo diversas comunidades viven bajo tensión constante debido a ataques armados atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos.
Durante el encuentro, Bernardina, integrante del Cipog-EZ, señaló que las comunidades sienten abandono e indiferencia por parte de las autoridades. También expresó que muchas veces las víctimas únicamente reciben atención pública cuando la situación genera presión política o mediática.
Las denuncias incluyeron referencias a desplazamientos forzados, viviendas dañadas y miedo permanente entre niñas, niños y adultos mayores que permanecen en comunidades afectadas por la violencia.
Los testimonios describieron además el impacto social y emocional que enfrentan los habitantes de localidades como Tula, Chicotlán y Acahuehuetlán, donde recientemente se reportaron nuevos hechos violentos.
Violencia en Guerrero mantiene tensión en la Montaña Baja
La situación en la Montaña de Guerrero refleja uno de los problemas de seguridad más complejos del país. Diversas comunidades indígenas han denunciado durante años la presencia de grupos armados y conflictos relacionados con control territorial, rutas y actividades ilícitas.
Durante el encuentro, integrantes de organizaciones sociales cuestionaron que las comunidades continúen enfrentando ataques mientras, aseguran, persisten deficiencias en las estrategias de seguridad.
También se criticó que muchas zonas permanezcan bajo fuerte presencia militar y de fuerzas de seguridad sin que ello logre frenar completamente la violencia.
Los asistentes señalaron que las afectaciones van más allá de la seguridad inmediata. El desplazamiento de familias, el cierre de actividades comunitarias y el impacto sobre la vida cotidiana modifican profundamente la dinámica de las comunidades indígenas.
Reclamos hacia autoridades estatales y federales
Las declaraciones realizadas durante la jornada incluyeron críticas hacia el gobierno estatal encabezado por Evelyn Salgado y hacia distintas autoridades federales.
Representantes comunitarios acusaron falta de respuestas efectivas frente a la violencia y cuestionaron las cifras oficiales relacionadas con seguridad y reducción de homicidios.
Además, integrantes del Congreso Nacional Indígena expresaron respaldo a las comunidades afectadas y pidieron protección para organizaciones civiles y observadores que documentan la situación en la región.
Las intervenciones también reflejaron desconfianza hacia instituciones gubernamentales y preocupación por la continuidad de los ataques armados.
Observadores civiles documentan daños en comunidades
Integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta recorrieron recientemente algunas de las localidades señaladas por las comunidades indígenas.
Según los testimonios compartidos durante el encuentro, observaron viviendas dañadas, ausencia de pobladores y condiciones de inseguridad que continúan afectando el regreso de familias desplazadas.
También señalaron diferencias entre las versiones oficiales y lo observado directamente en territorio.
Los representantes civiles insistieron en que las comunidades afectadas no deben ser criminalizadas y pidieron atender las denuncias relacionadas con desplazamientos y ataques armados.
El impacto social de la violencia en pueblos indígenas
Más allá de las cifras y declaraciones políticas, la crisis en la Montaña Baja refleja el impacto que la violencia tiene sobre comunidades enteras.
Las afectaciones alcanzan aspectos culturales, económicos y familiares. Muchas comunidades dependen de actividades agrícolas y formas tradicionales de organización que se ven alteradas por el desplazamiento y la inseguridad constante.
Además, líderes indígenas señalaron preocupación por el impacto sobre jóvenes y niñas y niños que crecen en contextos marcados por miedo e incertidumbre.
Las denuncias también incluyeron referencias al deterioro del tejido comunitario y a las dificultades para mantener actividades cotidianas bajo escenarios de violencia prolongada.
Organizaciones exigen atención y protección
Durante el encuentro en Alcozacán, distintas organizaciones reiteraron llamados para atender la situación de seguridad en la región y garantizar protección para las comunidades indígenas.
Los asistentes insistieron en la necesidad de escuchar directamente a los pueblos afectados y atender las denuncias relacionadas con desplazamientos, ataques armados y condiciones de vulnerabilidad. Mientras continúan los reclamos y las exigencias de seguridad, la Violencia en Guerrero sigue siendo uno de los temas más delicados dentro del panorama nacional. Las comunidades indígenas de la Montaña Baja mantienen sus denuncias y piden que la situación deje de ser visible únicamente cuando ocurre una tragedia o cuando la crisis alcanza atención mediática.
