La violencia volvió a teñir de sangre la Montaña Baja de Guerrero, donde el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció un ataque armado perpetrado por el grupo delictivo Los Ardillos. El hecho ocurrió durante una asamblea comunitaria en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y dejó un saldo de tres policías comunitarios muertos y al menos siete heridos.
Una asamblea que terminó en tragedia
El 31 de octubre, representantes de comunidades indígenas y miembros de la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) acudieron a una reunión para fortalecer la seguridad regional. Lo que debía ser un encuentro de diálogo se convirtió en una emboscada.
De acuerdo con el comunicado del CIPOG-EZ, al llegar a la comunidad fueron recibidos a balazos por un grupo armado ligado a Los Ardillos, quienes operaban en la zona cometiendo extorsiones, secuestros y asesinatos. La balacera, que se prolongó por más de diez horas, dejó múltiples heridos y el asesinato de tres integrantes de la policía comunitaria, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán.
El papel del Estado y la autodefensa comunitaria
Tras los hechos, autoridades estatales y federales —entre ellas la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano— desplegaron un operativo en la comunidad. Tres presuntos líderes criminales fueron detenidos, además de 14 integrantes del grupo armado, que según la CRAC-PC-PF serán reeducados bajo los usos y costumbres indígenas, conforme al reglamento interno de los pueblos fundadores.
El ataque también alcanzó al vehículo asignado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde viajaba el dirigente Jesús Plácido Galindo, quien resultó ileso pese a los impactos de bala. El CIPOG-EZ calificó el hecho como un atentado directo contra la defensa de los derechos indígenas.
Recuperar el control y resistir
A pesar del miedo, las comunidades de Ayahualtempa y Amatitlán decidieron retomar el control de su territorio, expulsando a los grupos delictivos que habían sometido a la población. En asamblea, se acordó que Ayahualtempa se integre oficialmente al sistema de seguridad de los Pueblos Fundadores, reafirmando su derecho a la autodeterminación y a vivir bajo sus usos y costumbres, amparados en el Artículo 2 de la Constitución y la Ley 701 de Guerrero.
La nueva resolución también prohíbe estrictamente la siembra, traslado y consumo de drogas, en un esfuerzo por reconstruir la paz en la región y frenar el avance del crimen organizado.
Un eco de resistencia en la Montaña Baja
Este nuevo episodio de violencia refleja una realidad que las comunidades indígenas del estado han enfrentado durante décadas: el abandono institucional y la necesidad de organizarse para sobrevivir. En Guerrero, donde la frontera entre justicia y autodefensa se difumina, las comunidades mantienen viva una lucha ancestral por su tierra, su cultura y su dignidad.
