Vinculan a proceso a 30 presuntos integrantes del Cártel de Los Salazar, una organización criminal señalada por extorsión, secuestro y narcomenudeo en el estado de Querétaro. El caso, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), representa uno de los operativos más amplios contra esta célula delictiva en la región.
Vinculan a proceso a los acusados tras una serie de cateos simultáneos que permitieron a las autoridades reunir pruebas clave sobre la presunta estructura del grupo, su operación territorial y sus fuentes de financiamiento ilícito.
Golpe federal contra una red dedicada a extorsión y drogas
De acuerdo con información oficial, entre los imputados se encuentra quien sería el líder del grupo en la entidad, Diego Salazar y/o Luis Gustavo, alias “El Flaco”. Las investigaciones señalan que la organización presuntamente se dedicaba al cobro de cuotas a comerciantes, secuestro, así como al control de la venta y distribución de drogas como marihuana, cocaína y metanfetamina.
La FGR explicó que los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, además de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, particularmente por la posesión y permanencia de armamento de uso exclusivo del Ejército.
Doce cateos simultáneos y decomisos millonarios
Las capturas se realizaron durante 12 cateos ejecutados de manera coordinada por autoridades federales y estatales. Como resultado, se aseguraron armas cortas y largas, más de 200 cartuchos, cargadores, así como cantidades significativas de droga: metanfetamina, cocaína y marihuana.
Además, los operativos permitieron el decomiso de 64 teléfonos celulares, vehículos, inmuebles, computadoras, joyas, cuatrimotos y básculas grameras, elementos que, según los investigadores, habrían sido utilizados para la logística criminal y el control de actividades ilícitas.
Este tipo de aseguramientos no solo busca debilitar la capacidad operativa del grupo, sino también cortar sus fuentes de ingresos, una estrategia clave dentro del combate federal contra la delincuencia organizada.
Vinculación a proceso: Delitos imputados y decisión judicial
Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el juez federal determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso contra los 30 implicados.
Un grupo fue procesado por su probable responsabilidad en posesión de drogas con fines de venta, mientras que otro enfrenta cargos adicionales por posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión preventiva oficiosa para todos los imputados, al considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos.
Traslado a centros federales de alta seguridad
Los hombres fueron internados en el CEFERESO 17 CPS Michoacán, mientras que las mujeres quedaron recluidas en el Centro Penitenciario Mil Cumbres, ambos ubicados en Michoacán.
Estas instalaciones forman parte del sistema penitenciario federal destinado a personas procesadas por delincuencia organizada, con protocolos estrictos de seguridad y vigilancia permanente.
Impacto regional y mensaje institucional
Para las autoridades, este caso envía un mensaje claro sobre la estrategia de contención del crimen organizado en el centro del país. La FGR subrayó que las acciones se realizaron con apego al debido proceso y con el objetivo de restablecer condiciones de seguridad para la población y el sector comercial, uno de los más afectados por las extorsiones.
Especialistas en seguridad señalan que, aunque estas detenciones representan un avance relevante, el reto principal será evitar la recomposición del grupo y asegurar sentencias firmes que impidan el regreso de los implicados a las calles.
La vinculación a proceso marca apenas el inicio de un procedimiento penal complejo, pero también evidencia el alcance de las investigaciones federales contra estructuras criminales que operan a nivel local con ramificaciones nacionales.
